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Nuevamente tenemos que oír voces de alarma sobre el “problema” que plantea la fase de ejecución. Volvemos a escuchar continuamente propuestas interesadas de colectivos que ponen en duda nuestra capacidad para hacer efectivas las sentencias dictadas. Precisamente por ello, y porque así nos lo requieren nuestros compañeros, los Letrados de la Administración de Justicia nos vemos obligados o poner de manifiesto de forma expresa, cuál es la realidad y como siempre, de forma constructiva, insistir en propuestas que puedan dirigirnos hacia la solución correcta.

Desde el Colegio Nacional queremos dejar clara  la realidad y analizar el modo en el que asumimos las cargas impuestas por la Ley, porque es justo destacar la labor de quienes ponemos de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano para hacer efectivos esos fallos judiciales, y analizar realmente cómo pueden mejorarse los índices de ejecución o inejecución de sentencias, y quienes son los responsables de ello.

Realmente podemos preguntarnos ¿Todos hacemos lo que la Ley actual nos impone? Pensamos tanto en quienes desde los órganos jurisdiccionales damos cumplimiento al mandato constitucional de ejecutar lo juzgado, como en las propias partes, en sus representantes o defensores. Porque es muy fácil apuntar a unos sin valorar cómo se despliegan, o no, las posibilidades que ya incorpora de nuevo o desde hace años la legislación procesal. Tenemos que decir con toda claridad, en base a datos contrastados obtenidos de la estadística judicial del CGPJ que se ejecutan en los Juzgados un 37 por ciento más de procesos de ejecución de los que se incoan, aún mejorando los datos del pasado año 2015 donde también se superaba el 30%.

Los datos son los que son y se deben, año tras año, a la asunción en serio de la actividad de ejecución por los Letrados de la Administración de Justicia, de forma gratuita y sin que suponga un gasto complementario para los ciudadanos (todo hay que decirlo), y con total eficacia.

No obstante debemos destacar también por su importancia tres ideas:

1. La fase de ejecución de sentencias se encuentra dentro del ámbito del artículo 117 de la CE: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. No hay que olvidar que como pone de manifiesto el INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE 15 DE JULIO DE 2013 emitido con ocasión del último proyecto de reforma de las leyes procesales que vio la luz en 2015 que:

"dos objeciones fundamentales que podrían hacerse a esta decisión: Una, que el Procurador es el representante procesal de una de las partes; dos, que con este sistema se podrían crear dos tipos de justicia, una gratuita y otra, de pago, que en principio se presume será más rápida y eficaz".

2. Una de las garantías que proporciona la actividad judicial es la de su independencia y la imparcialidad, (art. 117 de la C.E.). A este respecto, la doctrina constitucional enlaza la imparcialidad con el hecho de “no ser «Juez y parte» ni «Juez de la propia causa»" (STC 155/2002 de 22 de Julio); o incluso "ser tercero entre partes" (STC 140/2004 de 13 de Septiembre).

3. La realidad en esta materia del derecho comparado es la que es y se precisó de forma clara por dictamen del Consejo de Estado de 27 de febrero de 2014 durante la tramitación de las reformas legales de esas fechas. Respecto a los antecedentes europeos alegados como fundamento de la reforma, el Consejo de Estado es claro:

no hay ninguna figura de similares caracteres en derecho comparado, únicamente puede haber algo parecido en Portugal, y con connotaciones especiales que lo diferencian claramente. Por si hubiere alguna duda, la justificación basada en argumentos de derecho comparado no existe”.

Con estos datos no entendemos como pueden hacerse propuestas como las venimos periódicamente reflejadas en la prensa.

 Queda esperar que la responsabilidad del gestor político no haga ceder un sistema rotundo legalmente y eficaz, para dar paso a otro inestable legalmente, parcial y de marcado interés corporativo, que redundará en perjuicio del mandato Constitucional, y los derechos y garantías ciudadanos.

 

 

De cara a la reunión que se mantuvo en sede ministerial el pasado diciembre sobre la reivindicación salarial, acudimos con una extensa documentación entre informes, cartas de apoyo de FEDECA, la EUR, comparativas, etc…y por supuesto con un listado de las firmas de apoyo a esta demanda salarial que habíamos previamente solicitado a los compañeros de Madrid que las están recogiendo y de lo que sois conocedores.

Nos informan que han finalizado su propósito de recogida de firmas y hemos quedado la semana próxima en ir a recogerlas para continuar con ese impagable soporte en la reivindicación de nuestras condiciones salariales.

Esta demanda justa y legítima es nuestro principal objetivo desde hace tiempo, desde que en el Congreso de Sevilla de junio de 2013 se aprobó la primera Hoja de Ruta que lo incluía como punto esencial, el discurso del Presidente de ese año que hablaba de “recuperación de derechos, libranzas y compensación económica” por nuestro trabajo, tras la reforma procesal de menos de dos años antes, o desde que años antes habíamos recurrido, solos, nosotros, el RD de puestos tipo que establecía una ínfima cuantificación de nuestros complementos retributivos por el Ministerio de Caamaño y quienes en aquel entonces trabajaban en él. Iniciamos una estrategia de convencimiento de responsables políticos; armado estadístico del resultado excelente del ejercicio de nuestras competencias con el informe del Letrado en cifras enfocado a la materia económica desde el inicio; armado jurídico de razón con el último informe sobre retribuciones; convencimiento de la opinión pública…y ahora con el apoyo que demuestran esas firmas a esta justa reivindicación, con la unidad de asociaciones que debe andar con solidez pues la demanda lo exige, y la de todos, esta organización con la fuerza de su apoyo mayoritario seguirá trabajando lo más inteligentemente que seamos capaces, con honestidad y tesón, y con pasos firmes, contando con cuantos quieran acompañarnos en este camino nada fácil.

Gracias de antemano a los compañeros de Madrid y a todos.

Miércoles, 24 Enero 2018 10:33

El Colegio presenta la revista Acta Judicial

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En el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia continuamos trabajando para situar nuestra profesión al máximo nivel en el mundo jurídico y profesional y, para ello, ofreciéndoos servicios y posibilidades para el desarrollo de vuestra carrera profesional, con hechos y no palabras, por eso os presentamos hoy el lanzamiento de la Revista Acta Judicial en formato digital, de periodicidad semestral y que pretende ser un referente en el panorama jurídico español, con la catalogación como revista de impacto por los Índices de referencia de publicaciones científicas.

Desde que la Junta Nacional diera su aprobación, en junio del año 2017, gracias al trabajo esforzado, como director ejecutivo, de Fernando Cremades y, como editor, de  Jesús Sancho, se ha desarrollado un proyecto editorial que, al abrigo del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, y la garantía de nuestro director de la CEI, Ernesto Casado, tiene por objeto la publicación de artículos de investigación científica en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas, con el objetivo de constituirse en plataforma de encuentro privilegiado de profesionales significados en este ámbito, constituyéndose en soporte de generación y creación de conocimientos, y ofreciendo diagnósticos y soluciones aplicativas a los retos que ha de enfrentar permanentemente nuestro Estado de Derecho como indiscutible motor de transformación social.

Con la Revista Acta Judicial se pretende ofrecer, con carácter preferente, a todos los colegiados, a los letrados de la administración de justicia y, en general, a los profesionales del Derecho, una herramienta privilegiada de publicación de artículos  jurídicos que, una vez sea catalogada y calificada, proporcione a los trabajos presentados la cualificación necesaria para tener validez curricular, no solo en el ámbito de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), sino también en el ámbito universitario y de otras Administraciones, y pretendiéndose para ello que la revista obtenga la máxima calificación de impacto científico.

Para velar por el nivel de exigencia con que se pretende dotar a la publicación, la Revista Acta Judicial cuenta con un Comité Científico integrado por muy relevantes y significados profesionales procedentes de la Universidad y de la Administración de Justicia, de diferentes ocupaciones y disciplinas jurídicas.

La Revista Acta Judicial es de acceso libre e inmediato a su contenido y en ella se publicarán artículos inéditos y originales que cumplan las normas de publicación establecidas al efecto.

El acceso a la Revista Acta Judicial se encuentra en la barra del menú superior de la página web del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Queremos agradecer muy especialmente a Fernando y a Jesús su trabajo en el desarrollo de este proyecto, ejemplo de la calidad profesional de nuestros compañeros.

www.letradosdejusticia.es/revistaactajudicial

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, ante las dudas surgidas en el colectivo de opositores y que ellos nos han transmitido, ha planteado una consulta al Ministerio de Justicia (que adjuntamos) en concreto, respecto a si se conservará la nota del primer ejercicio obtenida superando el 60 por ciento de la calificación máxima prevista para dicho ejercicio, así como la exención para el opositor de realizar el primer ejercicio de la convocatoria siguiente, tal y como viene determinado por  la Orden JUS/381/2017, de 28 de abril (BOE 4 de mayo de 2017), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La incertidumbre ha surgido por la publicación en el BOE, de la Orden JUS/1276/2017, de 20 de diciembre (BOE 26 de diciembre de 2017), que modifica mínimamente la Orden JUS/2250/2006, de 3 de julio, que contiene los programas de acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

El Colegio, sensible a las inquietudes de las nuevas generaciones de opositores, entiende que es importante que no haya dudas en la forma en la que se desarrollan los procesos selectivos y por ello, consideramos necesario que se aclare si la modificación de temario, deja sin efecto la reserva de nota obtenida en el primer ejercicio o por el contrario se mantiene la previsión de la reserva de nota para la convocatoria inmediatamente posterior.

En el día de hoy se ha publicado en el BOE el Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico al Servicio del Tribunal Supremo, para el área contencioso-administrativo.

Quienes deseen concursar presentarán sus solicitudes según modelo adjunto en el Anexo I en el Registro General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado.