Por Equidad, por Justicia, por Responsabilidad
Define el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua el concepto equidad como “disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece”, o en otros textos, la cualidad de “dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones”; o bien en “no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra”.
Durante toda la legislatura hemos apelado a la equidad para hacer valer nuestras peticiones ante el Ministerio de Justicia.
POR EQUIDAD reclamamos un justo reconocimiento de nuestro derecho y que se asumieran y desarrollaran las previsiones de la Ley de Presupuestos de 2021. El pacto sindical reconoció una “adecuación salarial” parcial, ocupándose de la que correspondía a los funcionarios de Justicia de los cuerpos generales por prestar servicios en el Ministerio de Justicia frente a los transferidos, pero no reconoció las que merecemos en atención a nuestros méritos, condiciones, funciones y responsabilidades asumidas en reiteradas reformas procesales, la última en 2015; ya ha llovido…
Por eso acudimos a los Tribunales de Justicia, reclamando que se nos dé “a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones”. La Ley de Presupuestos se refería a la primera adecuación retributiva, pero también la que se incluía en su segundo párrafo que debía reconocer las funciones asumidas por los LAJ en las mencionadas reformas procesales. Lamentablemente hemos sido obligados a acudir a los tribunales, impugnando el pacto sindical, para constatar que esta adecuación salarial ni se negoció con los sindicatos, ni con nosotros; así está acreditado en el expediente administrativo que nos ha llegado. Tal vez por eso, se están incumpliendo de forma escandalosa los plazos legales por quien debe remitirlo al Tribunal, el Ministerio de Justicia; alguien debería dar explicaciones sobre ello.
POR EQUIDAD hemos pedido que se nos aplique un régimen de grupos de población similares a los demás, para: “no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra”.
El Ministerio de Justicia recibió favorablemente nuestra propuesta de aplicar a los Letrados de la Administración de Justicia un régimen de grupos de población similar al que tienen el resto de funcionarios de Justicia, especialmente a los médicos forenses, funcionarios del grupo A1 igual que nosotros, para evitar que se nos perjudique en el trato frente a otros colectivos. Lo documentamos, se puso en marcha la reforma, se formalizó la memoria legal y presupuestaria, y por eso la Secretaría General Técnica informó de los proyectos. El Ministerio de Justicia prometió, porque era JUSTO, ponerlo en marcha antes de fin de año, y se comprometió a dotarlo presupuestariamente. Desconocemos porqué se está dilatando esta reforma, nadie nos lo ha explicado, pese a las reiteradas apelaciones al diálogo que hemos realizado.
Por las mismas razones, hemos reclamado ante el Ministerio de Justicia, que se nos reconozca la mencionada adecuación salarial mediante una referencia a la normativa que regula las retribuciones de la carrera judicial. Realizamos funciones judiciales o cuasi-judiciales, y así se reconoció en el informe sobre la eficacia de los sistemas judiciales de 2016, inmediatamente después de la reforma procesal de 2015, de la Comisión Europea para la eficacia de la Justicia (CEPEJ) cuando dice que en España, “los Letrados de la Administración de Justicia ejecutan tareas judiciales y cuasi-judiciales en todos los procedimientos judiciales gestionados por los tribunales, incluida la mediación. En efecto, si se toma en consideración únicamente el trabajo de los jueces profesionales, se muestra una imagen parcial de la configuración del sistema judicial en ciertos Estados o entidades y deformaría el análisis a efectos de comparación”. Por ello no es ninguna rareza, ni mucho menos presuntuoso, que proponga una cláusula de enlace, más que prudente, hacia la normativa de retribuciones de la carrera judicial.
Pero a la equidad y justicia, hay que sumarle la RESPONSABILIDAD que debería acompañar a la Ministra de Justicia para cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos por su departamento ministerial y que, al parecer, según vemos en sede parlamentaria, ahora desconoce.
Por eso vamos a la huelga, no pedimos nada más que Equidad, Justicia y Responsabilidad, términos que no debían resultar extraños para el Ministerio de la calle de San Bernardo al que nos dirigimos, todas deben ser reconocidas sin más dilación.