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NEGOCIACIÓN COLECTIVA. MATANDO MOSCAS A CAÑONAZOS

Han tenido que utilizar al Poder Legislativo para coartar nuestro derecho a la negociación colectiva. El BOE del pasado sábado publicó de manera sorpresiva un Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, «de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social», que parece, en los artículos 5 y 6, atribuir de nuevo nuestro derecho a la negociación colectiva a los sindicatos de funcionarios. Según la exposición de motivos es consecuencia de un acuerdo entre la Mesa General de Negociación de la

Administración General del Estado para materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral y la Mesa General de Negociación del personal funcionario de la Administración General del Estado, en su sesión conjunta celebrada el 31 de julio de 2014 que ha contado con el voto favorable de la mayoría de las grandes centrales y organizaciones sindicales presentes en dichas Mesas y, particularmente, de las organizaciones más representativas: CCOO, UGT y CSIF.

 

Los sindicatos han tenido que acudir al legislador para cambiar el marco legal que en el ámbito del Colegio con las acciones de nuestra organización sindical que se está empleando a fondo en esta cuestión, (como os informaremos en breve) estábamos consiguiendo desde que obtuvimos un laudo arbitral favorable a nuestro derecho, confirmado posteriormente por sentencia firme en la jurisdicción social y por el que nos sacaba de las juntas de personal al menos en territorio transferido. Una victoria de nuestra asociación sindical (ASEJUS) sin precedentes, y que debe haber asustado mucho. Las grandes centrales sindicales han utilizado una vía torticera al usar una ley de contenido económico, aprovechando que se están convocado elecciones sindicales en Justicia respecto a las que nos habíamos dirigido al Ministerio de Justicia, Gerencias Territoriales y CCAA solicitando que no nos incluyeran en el censo electoral, anunciando para el caso de que lo hicieran recursos similares al que seguimos en Valencia, además de proceer a denunciar ante la AEPD por entender que ya no podían ampararse en un fin legítimo de la Administración para la cesión de nuestros datos.

 

Por si fuera poco, y ante las dudas interpretativas, elevaron consulta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que ha considerado que estamos incluidos en el ámbito de este proceso electoral. Pues en el Colegio no lo tenemos tan claro como ellos y hemos solicitado informes a especialistas en esta materia para que nos aclaren el alcance de esa norma. En el Colegio seguiremos peleando y pronto habrá noticias.

 

En en el Colegio en todo caso apuntamos como línea roja el respeto al derecho que el Ministerio de Justicia nos ha reconocido en el proyecto de reforme de la LOPJ por el que se deben oír a nuestras Asociaciones en todas aquellas materias que afectan a nuestro estatuto orgánico. Si fuera necesario se utilizarán para su defensa todas aquellas medidas reguladas por la legislación para la defensa de los funcionarios en situaciones de conflicto colectivo.

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