Acuerdos Consejo Ministros 6 junio de 2008.

1. REAL DECRETO por el que se crean 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación de 2008. 2. REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Dª Oyidiya Oji Palino. 3. ACUERDO por el que se decide la entrega en extradición a las autoridades de Estados Unidos de Monzer Al Kassar por delitos de conspiración para el homicidio, conspiración para atentar contra autoridades, agentes o funcionarios públicos, tráfico de armas, tráfico de explosivos y conspiración para el blanqueo de dinero.

1.-. CREADAS 146 NUEVAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROGRAMACIÓN DE 2008
• La medida supone el cumplimiento en seis meses del compromiso para este año, que asciende a 160 unidades judiciales.
• El próximo 30 de junio entrarán en funcionamiento nueve de estas unidades judiciales, mientras que las 137 restantes se pondrán en marcha a lo largo del año.
• El coste total anual que asume el Ministerio de Justicia como consecuencia de la ampliación de la planta judicial por el Real Decreto aprobado hoy asciende a 27.988.366 euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crean 146 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2008, consistentes en 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales.
El Real Decreto aprobado hoy contempla la creación de veinte plazas de Magistrado en órganos colegiados, de ellas cinco en Tribunales Superiores de Justicia y quince en Audiencias Provinciales. La creación de las plazas de Magistrado en las Audiencias provinciales de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Madrid dará lugar a tres nuevas secciones. Además, se constituyen el Juzgado de Menores nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, que fue creado en 2000, y 125 Juzgados más, con la siguiente distribución:
• 9 Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
• 2 Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
• 23 Juzgados de Primera Instancia.
• 3 Registros Civiles exclusivos.
• 10 Juzgados de Instrucción.
• 32 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
• 14 Juzgados de lo Penal.
• 20 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
• 7 Juzgados de lo Social.
• 1 Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
• 4 Juzgados de lo Mercantil.
Con la aprobación de este Real Decreto, unido a los anteriores del 11 de enero y del 8 de febrero, el Ministerio de Justicia da cumplimiento en un plazo de seis meses al compromiso adquirido para la creación de 160 unidades judiciales en este año.
PROGRAMACIÓN 2008 UNIDADES JUDICIALES

DISTRIBUCIÓN TOTAL 2008 POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Por medio del Real Decreto de 11 de enero se crearon cuatro unidades judiciales en Zaragoza (un juzgado de Instrucción, uno de lo penal, uno de lo Contencioso-Administrativo y una plaza de Magistrado para la Audiencia Provincial) para atender el incremento del volumen de litigiosidad de los órganos judiciales en funcionamiento y la complejidad de los asuntos que puedan surgir como consecuencia de la celebración de la Exposición Internacional.
Posteriormente, el 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto por el que se creaban diez Juzgados de Primera Instancia en aquellas ciudades donde la carga de trabajo de los Juzgados ya existentes justifica que estos nuevos puedan especializarse en arrendamientos urbanos y desahucios. Así, se cumplía el importante compromiso adquirido por el Gobierno en el Plan de medidas de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, con el fin de mejorar la rapidez de la Administración de Justicia a la hora de resolver y ejecutar los juicios de desahucio por falta de pago.
No obstante, la decisión de que estos nuevos Juzgados puedan dedicarse de manera exclusiva a los litigios relacionados con los arrendamientos urbanos corresponde, en todo caso, a los órganos de gobierno del Poder Judicial. La misión del Gobierno es incrementar los medios puestos a disposición del Poder Judicial, para que este último adopte, en el ámbito de su independencia, las medidas que considere más adecuadas.
De esta forma, el Ministerio de Justicia, atendiendo al volumen de litigiosidad de los órganos judiciales en funcionamiento y a las disponibilidades presupuestarias, ha aumentado la planta judicial para mejorar las necesidades de la Administración de Justicia y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos. El coste total anual que asume el Ministerio de Justicia como consecuencia de la ampliación de la planta judicial por el Real Decreto aprobado hoy asciende a 27.988.366 euros.

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2.- NACIONALIDAD ESPAÑOLA AL ATLETA DE ORIGEN NIGERIANO OYIDIYA OJI PALINO
El Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a la atleta nigeriana Oyidiya Oji Palino.
Esta atleta, que ostentaba la nacionalidad nigeriana, aunque nació en Barcelona en enero de 1988, cuenta con un excelente potencial y destaca en las pruebas de velocidad, donde ha realizado resultados relevantes en su categoría.
La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente por Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales, después de tramitar un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha resuelto hoy el Gobierno.
Para su plena validez, los solicitantes deberán jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, así como renunciar a su anterior nacionalidad, salvo los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

3.- APROBADA LA EXTRADICIÓN A ESTADOS UNIDOS DE MONZER AL KASSAR
El Consejo de Ministros ha aprobado la entrega en extradición a Estados Unidos del ciudadano de nacionalidad siria Monzer Al Kassar, acusado de los delitos de conspiración para el homicidio; conspiración para atentar contra autoridades, agentes o funcionarios públicos; conspiración para el blanqueo de dinero, tráfico de armas y tráfico de explosivos.
El reclamado se encuentra encarcelado desde que se produjo su detención, el 7 de junio de 2007, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
El Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) ha llevado a cabo durante los últimos 30 años una investigación exhaustiva de las presuntas actividades delictivas de Monzer Al-Kassar, con especial relación al tráfico ilegal de armas para actividades terroristas.
Las Autoridades norteamericanas señalan que, desde febrero a junio de 2007, en Marbella y Madrid entre otros lugares, el reclamado y otros mantuvieron reuniones con personas que trabajaban con/para la (DEA), y que reconocieron que venían en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el fin de adquirir armas “para la guerra que libraban en Colombia contra EE.UU.”. Les entregaron un listado con las armas que querían comprar (fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cartuchos, lanzagranadas, granadas, etcétera). El reclamado se puso en contacto por teléfono con una persona a la que pidió ayuda para transportar las armas, así como con otras que, en Rumania y Yugoslavia, obtendrían el precio de las armas solicitadas. El coste aproximado sería de seis a ocho millones de dólares. Ofreció la disponibilidad de mil hombres para luchar en Colombia contra Estados Unidos y el suministro de explosivos, detonadores y especialistas para instruir a las FARC en el uso de estas armas.
La DEA también señala que Al Kassar acordó suministrar precios de sistemas de misil tierra-aire para atentar contra los helicópteros de Estados Unidos en Colombia. Por otra parte, el reclamado proporcionó cuentas bancarias en España y Líbano donde recibió pagos a cuenta de las armas, así como un documento que describía el barco en que las armas iban a ser transportadas.
Al Kassar también presentó una planilla de especificaciones de un sistema de misil tierra-aire, ofreciéndoles especialistas al objeto de instruir en el uso de explosivos, y acordó suministrar quince sistemas de este misil. Ante las dificultades expresadas por los supuestos compradores para su obtención, les confirmó que también podía conseguir un certificado de usuario final válido que incluyera todas las armas a cambio de un porcentaje del precio de las mismas. El reclamado, para realizar gestiones sobre el envió de las armas, se desplazó a Rumania y Bulgaria.
Delitos de conspiración
Los hechos que se le imputan podrían corresponder con los delitos de conspiración para el homicidio (Art. 17, 138 y 141); conspiración para atentar contra autoridades, agentes o funcionarios públicos (Art. 17, 550, 552 y 553); conspiración para el blanqueo de dinero (Art. 17, 301 y 304), tráfico de armas (art. 566) y tráfico de explosivos (art. 568 del Código Penal de 1995).
La solicitud de extradición de Monzer Al Kassar fue cursada por vía diplomática el 23 de julio de 2007. El Consejo de Ministros celebrado el 3 de agosto de 2007 acordó la continuación del procedimiento en vía judicial. Posteriormente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedió a la extradición mediante un Auto del 26 de octubre de 2007 fue declarado firme el 8 de abril de 2008, previa desestimación del recurso de súplica por un Auto de 15 de enero de 2008, dictado por el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
En febrero de 2008 Al Kassar presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Tras haberlo examinado, el Tribunal Constitucional acordó no admitir este recurso el pasado 5 de marzo de 2008, por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para la admisión de un recurso de amparo, requiere el art 50.1.b) de la Ley Orgánica del tribunal Constitucional.
La Audiencia Nacional estableció, con carácter previo a la entrega, la prestación de garantía diplomática para que, en el caso de que el reclamado fuera condenado, no se impusiera la pena de muerte y, en caso de que fuera condenado a una pena de cadena perpetua, ésta no fuera indefectiblemente de por vida.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró mediante un Auto del 8 de abril de 2008 suficiente la garantía diplomática prestada por las autoridades reclamantes.