Como sabréis, hace unos días, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la Secretario Judicial, Juana Gálvez, confirmando la suspensión que se le impuso de seis meses de empleo y sueldo. La Audiencia confirma así la resolución del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 llegando a afirmar en su texto que: «La desatención en la tramitación de aquel procedimiento (infringiendo el deber objetivo impuesto al titular de la secretaría del órgano judicial) ha sido reiterada, constante y prolongada, haciendo inviable en tan dilatado lapso temporal la ejecución de la sentencia condenatoria que dio origen a la incoación del procedimiento».
Por su parte, el Tribunal Supremo, rechazando los recursos interpuestos por la Fiscalía y el propio Magistrado, ha confirmado la sanción de 1.500 euros impuesta al Juez Rafael Tirado por su actuación como juez sentenciador y ejecutor de la pena en el conocido como caso Mari Luz.
Independientemente de la valoración personal y que como colectivo nos merecen las decisiones políticas y las resoluciones judiciales recaídas en este triste caso, (teniendo clara la posición que el colectivo de Secretarios Judiciales y que nuestro Colegio mantuvo en este asunto, y que en octubre pasado provocó la movilización general por la modernización de la Administración de Justicia,) hemos de manifestar nuevamente nuestro apoyo pleno a nuestra compañera, y la profunda preocupación que pesa sobre todos ante la deriva de una exigencia de responsabilidad aún por la carencia de medios y estructuras modernas, ejerzamos las competencias que ejerzamos, y que en mayo serán de mayor calado. (Y reforma procesal, en la que, todo hay que verlo, nuestras atribuciones en estos casos serían parciales.)
Y sin embargo, nos encontramos aún con que el Ministerio de Justicia sigue sin cumplir su compromiso de reformar el régimen disciplinario de los Secretarios Judiciales, a los que por hechos calificados igual se nos imponen sanciones absolutamente desproporcionadas respecto a las que se imponen a la Carrera Judicial.
Además, desde que se produjese el desgraciado caso que siempre hemos lamentado sincera y profundamente, la unánime queja de todos los Secretarios Judiciales ha sido la reclamación de imprescindibles reformas y más medios materiales, informáticos, humanos y estructurales para los Juzgados y Tribunales, a pesar de lo cual y con todo el tiempo que ha transcurrido, los avances en este sentido no han pasado de la creación de un lamentable sistema de control de base registral como el que rodea al Sistema de Registros al Servicio de la Administración de Justicia (SIRAJ), sin conexión con las aplicaciones de gestión procesal, ni un sistema efectivo de alarmas que realmente avise de los momentos en los que alcanzan estado la tramitación de las ejecutorias penales o el quebrantamiento de cualquier medida cautelar.
El Ministerio de Justicia anuncia ahora que la oficina judicial se demora hasta después del verano asegurando que antes de finalizar el año estarán en funcionamiento las ciudades piloto, y nada sabemos tampoco de la mejora informática. Las CCAA con trasferencias aún no han dado pasos decisivos para la implantación de los servicios comunes, al menos los de ejecución, ni para la mejora de las aplicaciones de gestión procesal que permitan su interoperabilidad y conexión con el SIRAJ, y contengan un sistema de alarmas efectivo.
Resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano, y menos aún al entorno familiar de la niña, que lo ocurrido en Sevilla, puede volver a repetirse en cualquier lugar; y resulta difícil de aceptar, en términos de justicia material que, mientras que al Juez sobre el que pesa conforme a la legalidad vigente el conseguir el cumplimiento de la pena privativa de libertad, como último garante de los derechos de los ciudadanos, se le imponga una multa -en contra del informe del Ministerio Fiscal-, pero a la Secretaria Judicial, en general sin funciones jurisdiccionales reales, y principalmente, sin responsabilidad alguna en la falta de medios materiales y personales de estos Juzgados, se le imponga una sanción mayor, como es la suspensión de seis meses.
No corresponde al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales dar esa explicación, sino a las Administraciones competentes, y a nuestro Ministerio de Justicia al que llevamos demandando con insistencia medidas y reformas. Aprovechamos estas líneas para demandar nuevamente la ejecución de una verdadera modernización de la Justicia, únicamente en pro y beneficio del servicio público, pero también reformas ya explicitadas en garantía de los derechos profesionales de cuantos trabajamos en la Administración de Justicia, cuyo único pecado ha sido, es y sigue siendo, atender lo mejor posible las necesidades del justiciable, sin medios ni apoyo para ello.