CONVENIO CON COREA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un Convenio entre el Reino de España y la República de Corea relativo a la asistencia judicial en materia penal.

1.- MODIFICADO EL RÉGIMEN DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS SUSTITUTOS DEL MINISTERIO FISCAL
• Se da mayor transparencia y seguridad jurídica al concurso público.
• Se refuerzan los principios de mérito y capacidad en todas las fases del concurso, y se mejora el régimen de publicidad del proceso selectivo
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica otro de 2002 sobre régimen de nombramiento de los miembros sustitutos del Ministerio Fiscal, con el objetivo de otorgar mayor transparencia y seguridad jurídica al concurso público.
El Real Decreto ahora modificado regula el régimen jurídico de los fiscales sustitutos del Tribunal Supremo y de los abogados fiscales sustitutos que realizan funciones de carácter no permanente en el Ministerio Fiscal, así como su selección y nombramiento.
La figura del sustituto se justifica en que, en ocasiones, existen vacantes en la plantilla de la carrera fiscal (debido a jubilaciones, licencias de larga duración y excedencias o por el aumento de plazas que periódicamente experimenta la institución), que exigen la provisión temporal de las mismas a través de un procedimiento más urgente que el de la oposición.

El Decreto de Tasas establece la obligación de pagar determinadas tasas en las jurisdicciones civil y contenciosa, pero nada dispone en la jurisdicción social ni la penal. Sobre la primera nada puedo opinar pues es jurisdicción de la que no conozco sus problemas y dejo a sus expertos las opiniones al respecto.

Sin embargo en la jurisdicción penal, si creo conveniente por las razones que explicare a continuación, que es necesaria la introducción de tasas en determinadas causas penales.

La existencia de tasas en la jurisdicción criminal ha estado presente en casi toda la historia de la justicia penal en España, tanto en regimenes constitucionales como los que no lo fueron. Por tanto no es un problema de régimen político, sino de sentido económico, como medio para sostener una administración de justicia en continua expansión, en un país desarrollado y con una fuerte y pujante economía.

J. Guillermo Royo García. Secretario Judicial con destino en el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Palma de Mallorca

SUMARIO.

1. - PLANTEAMIENTO INICIAL. 2. - PRESUPUESTOS SOBRE LOS QUE SE ASIENTA LA REFORMA PROCESAL: LA DELIMITACIÓN DE FUNCIONES ENTRE EL JUEZ Y EL SECRETARIO JUDICIAL 3.- LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO JUDICIAL. 3.1 Punto de partida: reforma de la LOPJ- art. 456. 3.2.- Ideas Generales. 3.3. En el ámbito del proceso civil.3.4.- En el ámbito del proceso penal. 3.5. En el ámbito del proceso laboral. 3.6. En el ámbito del proceso contencioso-administrativo.3.7 En el ámbito del proceso de menores 4.- CONCLUSIONES.

1. DELIMITACIÓN DEL TEMALa primera tarea que debemos acometer es la de acotar nuestro tema. Un enunciado como este que se refiere al Secretario judicial y los medios de documentación audiovisuales puede resultar excesivamente amplio como para ser tratado en

Preferencia crediticia de los salarios de tramitación.

SENTENCIA TS, SALA DE LO CIVIL, Sección 1ª, de 21 de noviembre de 2.007 ID.CENDOJ 28079110012007101197.

OBJETO DEL RECURSO. Insiste la recurrente en que los salarios de tramitación no deben incluirse en el privilegio que el artículo 32.2 ET atribuye a los créditos salariales, habida cuenta del carácter indemnizatorio que aquéllos poseen, asimilándose a las indemnizaciones laborales, que están excluídas de las garantías salariales que dispensa el citado precepto, en su redacción originaria, aplicable al caso de autos.

Queridos compañeros, en mi juzgado entran muchos expedientes de dominio de inmatriculación de finca, la mayoría rústicas, en los que se incluyen en la descripción de la finca algún tipo de edificación. Me da la sensación que tanta asiduidad en la utilización del expediente de dominio es para imponer resgistral y administrativamente por via de resolución judicial la inscripción de una edificación. Os ruego que analiceis el art.19 de la actual Ley del Suelo 8/2007 y su antigua redacción en el art.22 de la Ley del regimen del suelo y valoraciones de 1998. Aunque va dirigido a notarios y registradores, ¿es lícita su exigencia como documentación a aportar en el expediente de dominio inmatriculador o basta con ceñirse a lo exigido en el art.201 LH y correlativos del RH? Saludos a todos.

ANTONIO GUTIERREZ CARDENETE

Te reproducimos la carta que sirvió de anuncio para nuestros colegiados de tercera, de la constitución de esta vocalía especial: