Esta historia comienza en el año 1999, aún existía el fax, las carpetas de cartón y las agendas con espiral. Cuando se inició aquel procedimiento por contrabando, yo ni siquiera había cumplido los cincos años, ni pasado el instituto ni pisado la facultad de Derecho ni soñado con presentarme a esta oposición y finalmente aprobarla.
Estaba más preocupada por el CD de Operación Triunfo que por la ley de Enjuiciamiento Criminal. Y sin embargo, años más tarde, acabé siendo yo —¡yo!— la letrada de la Administración de Justicia que cerró las previas más longevas del juzgado o, dicho de otra manera, la que terminó dando el impulso necesario para el desenlace de esta historia.
Aquel caso llevaba tantos años abierto que podría haber votado en unas elecciones. Había acumulado más polvo que los estantes de una biblioteca abandonada. Era una leyenda urbana judicial. Los funcionarios nuevos susurraban su número de diligencias como si fuera una maldición: “¿Has visto el 58/99? Dicen que está vivo…”
Eran tantos tomos que cada uno de ellos tenía su propio microclima. Se trataba de una macrocausa de contrabando en Galicia que parecía una serie de Netflix, pero sin final de temporada. Cuando abrí por primera vez aquello, juraría que escuché una voz lejana decir: “Tú de aquí no sales”.
Cuando llegué al juzgado, en los últimos años del caso, el procedimiento ya era como ese inquilino que nunca se muda, pero que nadie se atreve a echar. Hasta que vino la inspección del Consejo General del Poder Judicial. Y como buen caso eterno, fue descubierto como si fuera un fósil valioso.
Recuerdo aquel día cuando los inspectores dijeron:
—¿Y esto qué es?
—Eso… eso es El Expediente —le dije, bajando la voz por si acaso—. No lo mires mucho, que se despierta.
El hombre me miró con cara de “esto no puede ser real” y añadió, medio en broma, medio en serio:
—Pero eso no está vivo… ¿verdad?
Y ahí estaba yo, dos meses escasos en el juzgado, primer destino, recién aterrizada en un pueblecito idílico de la Ría de Arousa… fingiendo que tenía todo bajo control.
—Sí, sí está vivo —dije con solemnidad—. De hecho, acaba de cumplir medio siglo. Y sin síntomas de mejoría.
La cara del inspector era un poema. Se quedó callado unos segundos y luego soltó, con esa mezcla de incredulidad y resignación tan propia de los pasillos judiciales:
—¿Y los investigados están vivos?
—¡Por supuesto! —afirmé con convicción, como si hubiera hablado con todos esa misma mañana. Luego, con el tiempo, descubrí que no. Alguno que otro estaba… digamos que en una situación poco compatible con declarar. Lo supe poco tiempo después de aquella conversación.
Y claro, tras ese momentazo, el caso entró en “seguimiento”. Seguimiento con mayúsculas. De pronto, ese mamotreto que llevaba décadas vegetando en la estantería más olvidada del juzgado se convirtió en prioridad nacional. Era como si alguien le hubiera inyectado adrenalina procesal.
Ahí me vi: buceando entre legajos mecanografiados, buscando tomos en armarios que requerían técnicas de espeleología judicial, y descifrando autos con grapas oxidadas y tinta casi extinta.
Mientras tanto, los investigados caían por el camino. Literalmente. Algunos incluso podrían haber sido rehabilitados si hubieran sobrevivido lo suficiente. Otros ni recordaban que seguían imputados. Una vez llamamos a uno y contestó su nieto.
Pero yo, letrada sufrida y tenaz, me armé con café, post-its y mucha paciencia. Día tras día, pieza a pieza, fui desenredando ese ovillo procesal que había sobrevivido a jueces, reformas legales y varias generaciones de impresoras.
Entre aquellos fósiles procesales que componían las piezas de convicción del expediente, destacaba una joya arqueológica: un carpesán relleno de cajetillas de tabaco de contrabando vacías. Era, nada más y nada menos, que un informe pericial. Cuando lo vi por primera vez, casi necesito yo un informe médico.
Y al fin, un buen día después de haber vivido momentos de todo tipo: testigos que olvidaban, imputados que huían, documentos que aparecían misteriosamente diez años después, cintas con grabaciones telefónicas anteriores al casete de una época prehistórica, informes periciales que tardaban tanto en llegar que venían en latín, o casi un conflicto internacional que da para otra historia.
El caso es que quizás porque los astros se alinearon, o porque ya no quedaba nadie más vivo que pudiera declarar, lo conseguimos: concluimos las previas y lo mandamos a la Audiencia Provincial.
Fue un momento glorioso. Sonó la campana del reloj del juzgado y juraría que los expedientes aplaudieron. Me quité las gafas, levanté la cabeza y dije:
– ¡He vencido! ¡El sumario ya no sumará más!
Así es como una letrada que no había nacido como jurista cuando todo empezó, acabó firmando el punto final de uno de los procedimientos más largos, polvorientos y surrealistas del país. Y aprendí que, a veces, no hace falta haber estado en el principio para ser quien le ponga fin a una historia.
Ahora solo espero que nadie encuentre el expediente hermano perdido en un archivo de otro juzgado… porque si aparece, esta vez sí pido excedencia.