En el día de hoy se discute en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de reforma, nuevamente, de la LOPJ y Estatuto del Ministerio Fiscal.
En la actual situación social y política existen sobradísimos motivos para sospechar de las intenciones y objetivos perseguidos con la presentación de este proyecto.
Todos sabemos muy bien que hay varios altos cargos investigados, ante cuya situación los miembros del Gobierno y de los partidos que lo sustentan, han reaccionado con enorme virulencia contra los jueces, atribuyéndoles oscuras intenciones y acusándoles del fenómeno llamado lawfare (actuar con intenciones políticas para perjudicar a supuestos rivales políticos). Sin ir más lejos, se ha manifestado, según recogen los medios de comunicación, que “los jueces son la verdadera oposición al Gobierno”.
Con todo ello, lo único que podemos decir es que, en este contexto, lo mejor que podría hacer el Gobierno es retirar el proyecto de Ley de las Cortes, máxime cuando lo está tramitando por vía de urgencia, otorgando un plazo de solo ocho días para la presentación de enmiendas, pese a lo delicado del tema, sin una reflexión sosegada y sin atender las peticiones de los directamente implicados.
En todo caso, de seguir adelante, como es previsible, el proyecto de ley quedará manchado por la sospecha y hará recaer sobre la ley que resulte una sombra de ilegitimidad indiscutible.
El Proyecto de Ley Orgánica que reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante, EOMF), se presenta como una iniciativa para modernizar las carreras judicial y fiscal en España.
Su finalidad (dice) es fortalecer la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), reducir la temporalidad, optimizar la especialización profesional y garantizar un sistema judicial eficiente.
Sin embargo, un análisis exhaustivo revela que el proyecto adolece de incoherencias técnicas, carencias estratégicas y decisiones que comprometen principios constitucionales como la igualdad (art. 23.2 CE), el mérito y la capacidad (art. 103.3 CE) y la independencia judicial (art. 117.1 CE). Lejos de fortalecer la Administración de Justicia, el APLO podría agravar problemas estructurales, desincentivar la excelencia profesional y erosionar la confianza ciudadana en el poder judicial.
Las medidas propuestas carecen de una justificación sólida, ignoran las necesidades reales del sistema y contradicen estándares constitucionales y deontológicos, como los Principios de Ética Judicial aprobados por el CGPJ. La ausencia de un diagnóstico basado en datos empíricos y consultas con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las asociaciones judiciales y los operadores jurídicos evidencia una elaboración apresurada que prioriza la apariencia de cambio sobre soluciones estructurales.
Por ello el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha presentado al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios una serie de enmiendas, que entendemos que mejoran el texto, reconociendo, a la vez, la situación que en el acceso a la carrera judicial y fiscal deben tener los Letrados de Justicia.