El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha celebrado este viernes la segunda y última jornada de las Jornadas Técnico Procesales Santander 2026, con un programa centrado en dos ámbitos de especial trascendencia práctica: las diligencias de instrucción penal, con especial atención a la entrada y registro en domicilio y a la fe pública judicial, y las particularidades del proceso de ejecución hipotecaria y la subasta judicial de la vivienda habitual.
La sesión de clausura ha puesto el broche a dos días de formación y debate en el Palacio de la Magdalena, en los que el CNLAJ ha reunido a especialistas de distintos ámbitos jurídicos para analizar las reformas que afectan a la Administración de Justicia y compartir experiencias directamente relacionadas con el ejercicio profesional de los Letrados de la Administración de Justicia.
La entrada y registro en domicilio: la fe pública judicial como garantía
La primera mesa de la mañana, dedicada a «Diligencias de instrucción penal: la diligencia de entrada y registro en domicilio y la fe pública judicial. Documentación y cadena de custodia», ha abordado una de las actuaciones más delicadas de la instrucción penal, en la que confluyen la eficacia de la investigación, el respeto a las garantías procesales y la correcta documentación de las actuaciones.
En ella han participado Fernando Prieto Rivera, Fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; Fernando Tapia Gancedo, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander, e Isabel Labrador Gimeno, Letrada de la Administración de Justicia de la plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Área Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona.
Desde la perspectiva policial, Fernando Tapia Gancedo ha incidido en la relevancia de la presencia del Letrado de la Administración de Justicia durante la diligencia de entrada y registro, en su condición de fedatario público judicial. La correcta preparación de la actuación, incluida la solicitud formal de entrada y registro, y la documentación de lo sucedido constituyen aspectos esenciales para dotar de garantías a una diligencia que afecta directamente a derechos fundamentales.
La fe pública judicial ha ocupado así un lugar central en el debate, destacándose su función de garantía en la documentación de las actuaciones y en la constancia de cómo se ha desarrollado la diligencia.
Por su parte, Isabel Labrador Gimeno ha profundizado en la función del Letrado de la Administración de Justicia durante las entradas y registros, con especial atención a la triple garantía atribuida a su intervención por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Su exposición ha permitido examinar distintas cuestiones que surgen en la práctica, entre ellas la determinación de qué espacios pueden tener la consideración de domicilio a efectos de la diligencia, las particularidades de determinados lugares y las circunstancias que deben valorarse en cada caso.
La ponente ha abordado también la evolución de la tipología de los delitos y las consecuencias que estos cambios tienen para la práctica de las diligencias de investigación, tomando como referencia las cuestiones más relevantes que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Uno de los aspectos esenciales del debate ha sido la necesidad de diferenciar entre el título habilitante que legitima la entrada y registro y el acta que documenta su ejecución. El acta del Letrado de la Administración de Justicia no sustituye al título habilitante, sino que cumple una función propia dentro del sistema de garantías de la actuación judicial.
La mesa ha permitido, en definitiva, poner de relieve que la intervención del Letrado de la Administración de Justicia no constituye un elemento accesorio de la diligencia, sino una cuestión que exige conocimiento técnico, rigor documental y atención a las garantías que deben presidir toda actuación de esta naturaleza.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo y cuestiones controvertidas en la práctica
La intervención de Fernando Prieto Rivera ha aportado la perspectiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo al análisis de las principales cuestiones jurídicas que plantea la diligencia de entrada y registro, con especial atención a su tratamiento jurisprudencial.
Durante el debate se han suscitado cuestiones relevantes sobre las consecuencias de la ausencia del Letrado de la Administración de Justicia en el registro, la posibilidad de acreditar determinados extremos mediante otros medios de prueba y los límites que deben observarse en la documentación de la actuación.
También se ha planteado la cuestión de la intervención de otros profesionales durante la diligencia y la necesidad de distinguir las funciones que corresponden a cada uno de ellos, así como la imposibilidad de que el Letrado de la Administración de Justicia asuma simultáneamente la condición de fedatario y la de testigo respecto de los hechos que documenta.
Estas cuestiones reflejan la importancia de delimitar con precisión el alcance de la fe pública judicial y su relación con los restantes elementos probatorios, evitando confundir la documentación formal de la diligencia con el título que la autoriza o con los medios que pueden utilizarse para acreditar su desarrollo.
La ejecución hipotecaria: evolución normativa, protección de la vivienda y especialidades de la subasta judicial
La segunda mesa, dedicada a «Especialidades en el proceso de ejecución hipotecaria: la subasta judicial de la vivienda habitual», ha cerrado el programa académico de las Jornadas con un análisis de la evolución de la ejecución hipotecaria y de los principales problemas que plantea su tramitación práctica.
La mesa ha contado con Jaime Francisco Anta González, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria; Juan Alberto Rojas Corrales, jefe del Área de Ejecución Civil y jefe de la Unidad Provincial de Subastas Judiciales de Cádiz, y José Alberto Cereceda Ocejo, abogado y profesor asociado de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria.
La evolución de la ejecución hipotecaria y sus garantías
Jaime Francisco Anta González ha abordado la evolución del proceso de ejecución hipotecaria, poniendo el foco en los cambios normativos y jurisprudenciales que se han producido desde la crisis económica de 2008 y en las consecuencias sociales derivadas del impago de los préstamos hipotecarios.
Su intervención ha recorrido las sucesivas reformas que han ido configurando el sistema actual, incluidas las medidas relacionadas con la suspensión de los lanzamientos y la protección de los deudores hipotecarios, así como la evolución del tratamiento de las cláusulas abusivas.
En este recorrido ha destacado especialmente la consolidación del control judicial de oficio de las cláusulas abusivas, que ha transformado la tramitación de estos procedimientos y reforzado la importancia de examinar las garantías aplicables en cada caso.
La mesa también ha abordado la repercusión de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en el contexto de las reformas procesales y organizativas de la Justicia, atendiendo a las cuestiones que afectan a la tramitación y resolución de los procedimientos de ejecución hipotecaria.
La subasta judicial: aspectos prácticos y gestión de las ejecuciones
Por su parte, Juan Alberto Rojas Corrales ha centrado su exposición en las especialidades de la ejecución hipotecaria y en el funcionamiento práctico de las subastas judiciales.
Su intervención ha permitido profundizar en las particularidades de este procedimiento, cuyo objetivo es obtener el mayor importe posible para satisfacer la deuda ejecutada, sin perder de vista las garantías legales y las consecuencias que estas actuaciones tienen para las personas afectadas.
Uno de los aspectos destacados ha sido el papel del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, herramienta fundamental para la publicidad y el desarrollo de las subastas electrónicas.
Asimismo, se han examinado las particularidades del depósito exigido para participar en las subastas, con referencia al incremento del porcentaje del 5 % al 20 % en los supuestos señalados durante la exposición, y las consecuencias prácticas que estas condiciones tienen para el desarrollo de las pujas y la participación de los interesados.
La intervención ha puesto de relieve la importancia de conocer en detalle las reglas de la subasta y sus particularidades, dada su incidencia directa en la efectividad de la ejecución y en la correcta realización de los bienes.
La perspectiva registral y la correcta constitución de la relación procesal
José Alberto Cereceda Ocejo ha aportado la perspectiva de la Abogacía y del Derecho Civil, con especial atención a las cuestiones relacionadas con la intervención del Registro de la Propiedad y la correcta identificación de las personas que deben ser llamadas al procedimiento.
Entre los aspectos abordados ha destacado el control registral de la regularidad de las notificaciones a los titulares registrales, así como la determinación de los sujetos que deben ser demandados en la ejecución hipotecaria.
Estas cuestiones resultan esenciales para garantizar la correcta constitución de la relación procesal y evitar incidencias que puedan afectar al desarrollo del procedimiento y a la validez de las actuaciones posteriores.
La mesa ha ofrecido así una visión complementaria de la ejecución hipotecaria, combinando la perspectiva judicial, la gestión práctica de las subastas y el análisis jurídico de las garantías procesales y registrales.
El CNLAJ cierra dos jornadas de formación, análisis y encuentro profesional
El CNLAJ agradece a los ponentes, participantes y colaboradores su implicación en estas Jornadas, que refuerzan su compromiso con la formación, la actualización profesional y la defensa del papel de los Letrados de la Administración de Justicia en el funcionamiento y la transformación de la Administración de Justicia.
En el acto de clausura, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria ha trasladado su respaldo a la iniciativa y a su continuidad, manifestando: «Contáis con todo nuestro apoyo para seguir trabajando juntos y conseguir que las Jornadas se consoliden y sean un referente». Asimismo, ha destacado que han sido tiempos de cambios, especialmente para los Letrados de la Administración de Justicia, en un contexto de importantes transformaciones organizativas y procesales.
Por su parte, el presidente del CNLAJ, Ernesto Pedro Casado Rodríguez, ha destacado la intensidad de estas dos jornadas y ha trasladado un mensaje de unidad y continuidad en el proyecto colegial. «El Colegio es un equipo», ha afirmado, animando especialmente a los compañeros más jóvenes a seguir implicándose en la vida colegial y en la mejora de las oficinas judiciales. «Es el momento de que los compañeros más jóvenes sigan empujando el Colegio y las oficinas judiciales para que la Justicia en España mejore», ha señalado.
Con este llamamiento a la colaboración institucional, al trabajo en equipo y al compromiso de todas las generaciones, concluyen las Jornadas Técnico Procesales Santander 2026, dos días de formación, debate y encuentro profesional en el Palacio de la Magdalena.
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