Ante la falta absoluta de información desde el Ministerio de Justicia y la contradictoria que recibimos por los distintos medios de comunicación sobre el alcance y modo de actuar ante esta epidemia, el Colegio Nacional solicita al Ministerio de Justicia que a la mayor urgencia nos informe cómo debemos actuar ante esta situación. También exigimos que se coordine con las CCAA con competencias asumidas para que nos provean de los medios necesarios para evitar o reducir el riesgo de contagio. El Ministerio de Justicia debería haber ya realizado, como ya se hizo en algunos lugares en situaciones semejantes,  un protocolo claro del modo de actuar ante epidemias, y concretamente como debemos actuar en presencia de testigos, peritos, partes, detenidos….de modo que se respete la distancia de seguridad, como se informa que ha hecho el Ministerio de Interior en las comisarías de policía.

Sin ánimo de exhaustividad y sin perjuicio de los acuerdos que el CGPJ pueda tomar en relación con los actos judiciales que deban practicase en las sedes judiciales creemos que, si bien valorando la situación existente en cada CCAA y la concreta jurisdicción, se nos deberían  proporcionar, junto a los mecanismos organizativos que demandamos, los medios físicos que sean correspondientes a las medidas sanitarias que se adopten, tales como guantes de latex dada la cantidad de personal que circula a diario por las sedes y el tiempo que permanece activo el virus en superficies, geles hidroalcohólicos para desinfectar, incrementar la limpieza en los espacios comunes y evitar las aglomeraciones derivadas de los juicios y guardias.

Por otra parte debería concederse licencias, en aquellos lugares que han cerrados los colegios, para que los progenitores puedan atender a sus hijos o para atender a personas mayores que lo necesiten ante el cierre de los centros de día.

Hay que recordar que el presidente del Colegio ya pidió al Ministerio de Justicia, en la reunión de la pasada semana, que regulase las correspondientes medidas de seguridad e higiene, y protección de la salud para los letrados de la administración de justicia.

En definitiva, y sabedores que toda medida sanitaria preventiva corresponde a las autoridades sanitarias, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, lo que estamos pidiendo es la aplicación en nuestro ámbito de desempeño profesional de un protocolo específico de actuación sanitaria a fin de prevenir y minimizar la exposición al virus.