Como sabéis, el Colegio Nacional viene reclamando en todos los ámbitos el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva propia, con más insistencia en vía judicial, impugnando los censos de las elecciones sindicales, y especialmente reclamando el derecho a una unidad electoral propia.
Este derecho se reconoció en sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por nosotros, contra la resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia de 5 de diciembre de 2019, relativa a la solicitud deducida de creación de una unidad electoral que englobara única y exclusivamente a los Letrados de la Administración de Justicia para las elecciones a las Juntas de Personal y demás órganos de representación de los funcionarios de la Administración de Justicia.
Pues en este contexto, el Tribunal Supremo ha admitido el escrito de preparación presentado por el Abogado del Estado declarando la cuestión de interés casacional. Y ha interpuesto el recurso, a través de un escrito muy trabajado, en el que el Gobierno ha demostrado tener un especial interés en que se siga impidiendo a los Letrados de la Administración de Justicia ejercer su derecho a participar en las elecciones sindicales. Desde luego que pondremos también nosotros el máximo interés para que la sentencia recurrida sea confirmada. Una resolución que creemos que venía a aclarar mucho nuestra situación: hay un derecho fundamental que, de momento, seguimos sin poder ejercer.
Tenemos que recordar el tenor de algunos párrafos de la sentencia:
“Obvio es decir, que los LAJ tienen reconocido el derecho a la negociación colectiva y a la libertad y representación sindical, por prescripción expresa de los arts. 444 y 496 de la LOPJ, por el Art. 82,e) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y por el art. 31 del TREBEP, de acuerdo todos ellos con lo establecido en los arts. 23 y 28 de la CE.”
“El sistema de representación de los empleados públicos se articula en torno al concepto de unidad electoral. La unidad electoral es el ámbito en el que se produce la elección de los órganos de representación correspondientes y se constituyen en función de las peculiaridades de determinados colectivos, de las estructuras administrativas o de los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.”
“La transferencia de personal al servicio de la Administración de Justicia a las CCAA ha creado una situación distinta en las CCAA que ya han asumido competencias (la mayoría), y aquellas que aún no las han asumido, pero en los dos supuestos, se ha creado una situación irregular y discriminatoria para los LAJ, porque la negociación de las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia, se lleva a cabo a través de unas Juntas de Personal y de las distintas mesas que existan en dichas Comunidades Autónomas (generales o sectoriales de Justicia) en las que los LAJ nada pueden negociar porque no dependen de las respectivas Administraciones autonómicas, ni orgánica ni funcionalmente, por prescripción expresa del art. 444 LOPJ, como ya hemos dicho.”
Este derecho sigue estando vedado, y sigue sin resolverse un problema para el que el Ministerio de Justicia ya tenía solución. Estos días estamos viendo como los funcionarios de los cuerpos generales gozan de mayores garantías que nosotros en la implantación de la oficina judicial del tribunal de instancia y en el proceso de acoplamiento, como en la garantía de permanencia en puesto de la misma jurisdicción, como consecuencia de una negociación sindical que nos ha dejado al margen; como venimos diciendo, los sindicatos ni nos representan ni nos defienden.
Por eso es esencial el reconocimiento de nuestro derecho fundamental a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y por eso seguiremos dando todo para conseguirlo.