EL INTERÉS DEL CGPJ POR DEFENDER A LA CARRERA JUDICIAL LLEGA TARDE, SEGÚN LAS 4 ASOCIACIONES DE JUECES
Así titula su noticia el CONFILEGAL haciendo referencia a la declaración no unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el último Pleno celebrado en San Sebastián, en la que expresaba “su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones”. Esa declaración, más suave, frente a la declaración original, según el diario EXPANSION, la han firmado 19 vocales incluida la que es Letrada de la AJ y vocal Ángeles Carmona. No la han suscrito por el contrario los vocales Enrique Lucas y Concepción Sáez (también Letrada de la AJ), pero según leemos en CONFILEGAL porque consideran que “el malestar que se respira en la Carrera Judicial está más que justificado, estiman que el pronunciamiento del Consejo llega tarde y no va acompañado de la necesaria autocrítica que este órgano constitucional debe realizar sobre su propia responsabilidad y pasividad en la generación de la situación que ahora denuncia”. Lucas y Sáez también critican que la declaración no hubiera estado precedida de un debate en profundidad sobre los problemas que, desde hace años, padecen jueces y magistrados.
Precisamente y según se informa en diversos diarios, esta declaración se hace previamente a la reunión que mantendrá el Ministro Rafael Catalá el próximo día 5 con las asociaciones judiciales en la que abordarán el tema de las retribuciones, los permisos y el expediente digital. El órgano de gobierno del Poder Judicial se une así a las asociaciones judiciales en un momento de críticas multiplicadas de éstas al Ministerio y al propio Consejo al que demandan la urgente determinación de las cargas de trabajo de la carrera judicial, y ante la demanda de conflicto colectivo de los jueces. También lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones a las carreras judicial y fiscal.
En todo caso, no parece que haya satisfecho a las asociaciones judiciales que llegan a criticar la conducta de los vocales del Consejo, seguramente, dicen, por no estar elegidos por los jueces, “los 12 vocales de procedencia judicial tienen que ser elegidos por nosotros” como han manifestado, y todo según la noticia publicada.
Dejamos a vuestra valoración la oportunidad y causas de que se haga una declaración de tal sentido, el momento en el que se suscribe previo a una reunión a alto nivel ministerial, y la sola óptica judicial y corporativa en muchos de sus puntos, dotando de institucionalidad a demandas profesionales exclusivas para la carrera judicial, cuando bien es cierto que a los Letrados de la AJ nos afectan y mucho, e igualmente llevamos tiempo demandando. El CGPJ es constitucionalmente y conforme a la LOPj el órgano de gobierno del Poder Judicial, con unas funciones claras marcadas en la Ley; a los sindicatos y a las asociaciones, tanto judiciales, como entre otras a las nuestras, de Letrados de justicia, nos corresponde la demanda corporativa basada, como ocurre en nuestro colectivo, en hechos ciertos, necesidades reales y objetivos legítimos; y al Gobierno, gobernar, atender al interés general y al de cuantos trabajamos en la Justicia.
La declaración final dice así:
“1.- Los Vocales abajo firmantes tienen constancia y conocimiento de la situación de malestar de la Carrera Judicial derivada del retraso en la fijación de las cargas de trabajo, de la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y de la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones.
2.- Muestran su preocupación por dicha situación.
3.- Además, lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones de jueces y de fiscales.
4.- Esperan que, por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia.
5.- Finalmente, se comprometen a continuar con eficacia y rapidez el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo de los jueces y magistrados y a continuar decididamente instando de las citadas Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”.