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EL MEMORIAL DE QUEJAS Y AGRAVIOS DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES DE 1976: UNA ODA A LA LUCHA INCESANTE DEL COLEGIO DURANTE SUS 75 AÑOS DE HISTORIA PARA MEJORAR EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

Siguiendo con nuestra serie de POST, contamos hoy con una de la pluma de Jaime Font de Mora Rullán.

Estando próximo a concluir este año 2019 en que se ha conmemorado con la debida solemnidad el 75 aniversario de la asociación decana del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, afloran a la memoria colectiva numerosos episodios y momentos históricos protagonizados por el Colegio en defensa de los intereses del colectivo, esos hitos y batallas que jalonan su intrahistoria y que explican y definen mejor que ningún otro aspecto lo que el Colegio es y representa, el fin para el que nació y para el que sigue trabajando sin desmayo ni desaliento cada día, por difíciles y complejas que sean las circunstancias concurrentes.

Así, por aludir solo a algunos acontecimientos más recientes, merece citarse su papel decisivo y determinante en las reformas de los años 2003 y 2009 que han contribuido a configurar la concepción moderna del actual Letrado de la Administración de Justicia del siglo XXI y sus importantes funciones procesales, que han llegado a cotas
inimaginables apenas unas décadas atrás.

Pero entre todos estos acontecimientos, que podrían dar para escribir un grueso libro (algún día debería abordarse la redacción de la historia del Colegio, pues sería muy instructiva para los nuevos integrantes del Cuerpo), hay un suceso histórico que define de forma magistral y sin igual la estirpe luchadora que hace a la esencia misma del
Colegio, que lleva incorporada en su ADN desde su creación allá por el lejano mes de abril de 1944, formando parte de su materia prima. Me refiero al “famoso” y “célebre” memorial de quejas y agravios que la Junta del Colegio, presidida por José María López Mora Suarez, elevó al entonces Ministerio de justicia, Antonio Garrigues Díaz
Cañabate, en 1976.

Gracias a Jesús Seoane Cacharrón, que por aquel entonces era miembro de la Junta del Colegio, resulta posible reconstruir los dramáticos momentos que la asociación vivió en aquellos tiempos, en los que se había llegado a una situación crítica, límite, en el seno del colectivo, hasta el punto de que en el preámbulo de dicho Memorial se expone que el “prestigioso, destacado, social y económicamente importante Cuerpo de Secretarios Judiciales” había devenido, por mor de ininterrumpidos atentados y continuas desvalorizaciones de su función, en un Cuerpo desmoralizado, triste, mal pagado y falto de esperanza”… “un Cuerpo escarnecido y humillado, desengañado y
carente de ilusiones y esperanzas”.. En el propio Memorial se exponen pormenorizadamente las distintas reformas y circunstancias que habían conducido a dicho declive, desde la supresión del antejuicio llevada a cabo en plena contienda civil por el Gobierno de Burgos mediante Decreto de 11 de junio de 1937, lo que afectó gravemente al ejercicio de su función como fedatario judicial, hasta las reformas llevadas a cabo en los años sesenta y setenta, que habían privado al Cuerpo de los Aranceles y Tasas, situándolos en una clara y humillante desventaja a nivel económico con las carreras judicial y fiscal además de configurar al Cuerpo como un simple o mero auxiliar del Tribunal.

Este cúmulo de agravios, de golpes históricos infligidos durante tantos años a un Cuerpo centenario, expuestos exhaustivamente en el documento hasta en 12 puntos, llevó a la Junta Nacional del Colegio a dar un puñetazo en la mesa, redactando un texto firme y contundente, con expresiones osadas como reconoce el propio documento,
pero siempre con carácter constructivo, pues en el Memorial se exponen hasta ocho medidas para revertir la situación y, como se indica literalmente, “para devolver al Secretariado su dignidad y esperanza”. Entre estas medidas merece citarse por su actualidad el punto segundo, la petición de “que se dote al Secretariado de un
contenido procesal concreto, encomendándole la ordenación procesal”. No en vano en aquella época formaba parte de la Junta el catedrático de derecho procesal y secretario judicial Vicente Herce Quemada, precursor en esa reivindicación profesional que hoy en día es ya una realidad.

En cualquier caso, para comprender la verdadera valentía de este Manifiesto hay que situarlo en su contexto y coordenadas histórico-temporales, pues se estaba en los últimos coletazos del régimen franquista, una época en cualquier exceso de libertad de expresión o verbal podía salir muy cara. No en vano, la divulgación del Memorial dio
lugar incluso a la incoación de diligencias penales contra la Junta por desacato al Tribunal Supremo, a petición del Fiscal D. José Antoni Rodríguez Acosta y con conocimiento del entonces presidente de dicho Alto Tribunal, D. Valentí Silva Merelo, llegando a estar preparadas las citaciones de los miembros de la Junta para comparecer ante el Tribunal. Seguramente porque en el texto se denunciaba “el grave inconveniente de que quien ha de decidir ostenta la doble condición recusatoria de jueces y parte al mismo tiempo, en el terreno económico”, una clara andanada frente a la labor del TS al resolver los recursos interpuestos por el Colegio frente a las reformas administrativas perjudiciales para el colectivo, sobre todo en el aspecto retributivo.

Una grave acusación que pudo ser finalmente desactivada y neutralizada gracias a la entrevista que los miembros de la Junta mantuvieron con el Ministerio de Justicia, quien desautorizó la actuación de la Fiscalía, con el consiguiente archivo de las diligencias penales, y de la que salieron también como fruto inmediato dos órdenes
ministeriales nombrando al Colegio miembro nato de la Comisión General de Codificación y concediendo la compatibilidad de la función docente con el complemento de dedicación exclusiva. Para ello fue clave el papel del entonces jefe de gabinete del Ministro y compañero Manuel Medina de Lemus.

Si bien, como rememora Jesús Seoane, testigo directo de esos tiempos tan convulsos, “en materia retributiva todo quedó en estudio, por la mala suerte de que el ministro cesó en su cargo en julio de 1976 a causa de su enfrentamiento con el ministro de aire Vidaurreta en una borrascosa sesión porque frente al general que dijo que los
principios del movimiento eran inalterables, el ministro le contestó que solo tenían esa nota los mandamientos de la iglesia católica.” Sin duda, era otra época ya superada.

Pero el cese del Ministro, atento a las peticiones del Colegio, impidió conseguir nuevos objetivos. En cualquier caso, este episodio histórico, del que nos queda como recuerdo el propio texto del Memorial, refleja perfectamente la actitud que siempre ha insuflado la actuación representativa del Colegio, dispuesto a elevar su voz y sus reivindicaciones frente a cualquier agravio o menoscabo infligidos a la dignidad del colectivo, cualquiera que sea el Gobierno de turno. Y si bien es cierto que no siempre se han logrado todos los objetivos pretendido, no lo es menos que solo desde la labor de esta histórica asociación se pueden explicar las mejoras que ha experimentado un Cuerpo que ha pasado de verse a sí mismo como una profesión devaluada y triste, humillada y escarnecida, a contemplar su futuro y presente con un moderado optimismo y, sobre todo, con ganas y energías para seguir reclamando lo que considera justo, comenzando por esa anhelada y legítima mejora retributiva que ojalá se alcance en la próxima legislatura.

Porque lo que es indudable es que el Colegio, a través de sus integrantes de cada época y momento, seguirá dispuesto a dar batalla durante los próximos 75 años y el tiempo que haga falta hasta lograr ganar un futuro mejor para todos.

Agradeciendo sinceramente la información y los recuerdos facilitados por D. Jesús Seoane Cacharrón, testigo de excepción de la historia del Colegio y del Cuerpo.

 

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