Desde la Subdirección General de Programación se ha comunicado «que el próximo día 17 de enero de 2015 entra en vigor la reforma operada por el Real Decreto 576/2014, de 4 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009 que regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, reforma que, en desarrollo de las previsiones del artículo 516 de la LECrim, crea un fondo documental de requisitorias asociado al Registro Central de medidas cautelares y sentencias no firmes y al registro para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
Este fondo documental constituirá un repositorio en el que se insertará, asociada a la inscripción de la requisitoria en los Registros, la copia digital del testimonio de particulares correspondiente. La puesta en funcionamiento del repositorio permitirá a los Juzgados que tengan a su disposición un requisitoriado acceder de forma rápida y segura, a través del actual sistema de registros, a la documentación asociada a cada requisitoria e insertada en el sistema por el Juzgado que acordó aquella, permitiendo una tramitación más ágil de los procedimientos y en definitiva una mejor organización del trabajo en las oficinas judiciales.
Se recuerda que será obligatorio insertar en el fondo documental la copia digital el testimonio de particulares previstos en el citado artículo 516 de la LECrim., respecto de las requisitorias que se expidan a partir de dicha fecha…»
Nos están comunicando compañeros que el aplicativo en estos momentos está preparado sólo para el secretario judicial, pero no para los funcionarios de la oficina, que en estos momentos no pueden insertar los archivos para subirlos al registro.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para recordar que el citado RD establece que «dicho acceso será llevado a cabo por el personal de la oficina judicial autorizado por el Secretario del Órgano Judicial del que emana la requisitoria». El Ministerio solucionará esta incidencia antes de la entrada en vigor.