JUSTICIA, UN SERVICIO ESENCIAL, PRETERIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Por la prensa hemos tenido conocimiento de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España. Dentro de los grupos de población a vacunar se incluyen los colectivos en activo que, debe entenderse, desempeñan una función esencial en la sociedad, entre los que no se hace referencia a quiénes prestamos servicio en los Juzgados y Tribunales.
El Ministerio de Justicia, a pesar de nuestras peticiones, nada ha hecho para que el Gobierno vuelva a ignorar el papel contributivo esencial que desarrolla la Administración de Justicia para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19 ofreciendo una respuesta ágil en servicios esenciales como los prestados en los juzgados de instrucción, asistiendo a detenidos, víctimas de Violencia de Género, a asistiendo a entradas y registros; en los juzgados de lo penal enjuiciando delitos, en los mercantiles abordando de manera eficaz la dramática realidad de las empresas en concurso; los del orden social atendiendo a los trabajadores que han perdido su trabajo; los de primera instancia resolviendo las cuestiones relativas a arrendamientos, familia o concursos de personas físicas; los contencioso-administrativos afrontando la inmigración o diversas resoluciones sobre la pandemia, o en los registros civiles; y en definitiva toda la actividad esencial de la Administración de Justicia, la gran mayoría con presencia directa del ciudadano.
Y tras la colosal acumulación de procedimientos tramitados en las oficinas judiciales, a cuyo frente se encuentra, en todas y cada una de ellas, un Letrado de la Administración de Justicia, cuya labor queda reflejada cada año en nuestro informe de “El Letrado en cifras” que demuestra que los Letrados de Justicia asumen el 90% del trabajo ordinario de los Juzgados y Tribunales (https://letradosdejusticia.es/eficacia-de-los-letrados-de-justicia-orgullo-de-ser-laj/)
Como hemos puesto de manifiesto, y no permitiremos que se olvide, la actuación de los Letrados de la Administración de Justicia permitió que durante el cierre casi completo de Juzgados y Tribunales la actividad judicial se mantuviera en torno al 50%. Y se consiguió porque los Letrados de Justicia acudieron a su puesto de trabajo diariamente. Como también en circunstancias climatológicas muy adversas, como las provocadas por la borrasca Filomena, los Letrados Judiciales hemos desempeñado una función imprescindible en los Juzgados de Guardia, las 24 horas al servicio del ciudadano.
No obstante, no parece que todo ello sea suficiente para que nuestro Ministerio de Justicia haya querido planeara a los responsables de sanidad que el personal que presta sus servicios en esta Administración, la de Justicia como esencial y que por tanto deban poder prestar sus servicios en las mejores condiciones posibles, también las sanitarias, para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.
Una situación ésta que se une a la general de trato disciplente que dispensa el Ministerio de Justicia a los Letrados de la Administración de Justicia, a los que no se nos reconoce negociación colectiva propia ni tan siquiera se nos oye en los supuestos a los que viene obligado por la LOPJ, no atiende nuestras propuestas de mejora en materia de Registro Civil, ha devaluado la sustitución profesional al haber abandonado la aprobación de un nuevo Real Decreto de sustituciones, nos desoye en propuestas a las leyes en marcha… y, ahora, no nos considera esenciales para poder desempeñar el servicio público de justicia con las garantías sanitarias que se le ha reconocido a otros colectivos no más esenciales.
Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) seguiremos defendiendo los derechos de nuestro Cuerpo Superior Jurídico. Para ello, y para que nuestra voz, más que cualificada en las materias que se están pretendiendo regular en distintos anteproyectos normativos, sea oída y tenida en cuenta, nos vemos en la tesitura de acudir y explorar otras vías legítimas, al margen de un Ministerio de Justicia empecinado en ignorar las aportaciones y la posición experta de los Letrados se hace inaudita.
La cordura exige que sobre todos estos proyectos normativos hablen los Letrados de Justicia, que son los expertos, y que sobre ellos nos escuchen los representantes políticos, que son los que deciden, esto es, los grupos parlamentarios y cuantas personas e instituciones son protagonistas de este proceso. A ellos estamos trasladando, también, nuestro malestar con un Ministerio que, además, añade el desaire de no atender y responder urgentemente nuestra demanda de negociación sobre la adecuación de nuestras condiciones salariales, a pesar de tener el mandato de las Cortes Generales y el compromiso adquirido por el Secretario General con nuestro Presidente de nuestro Colegio.
Los Letrados de la Administración de Justicia seguiremos desempeñando nuestro trabajo diario, pero es justo reivindicar unas condiciones de salud acordes con el servicio público esencial que constituye la Administración de Justicia, y unas condiciones salariales adecuadas como exigen Las Cortes Generales. Un servicio público con garantías es la esencia de nuestro Cuerpo Superior Jurídico.
