Todos nos hemos quejado (y nos seguimos quejando) de los programas de gestión procesal que tenemos a nuestra disposición en los juzgados y tribunales. Esa queja se ha hecho llegar (y se sigue haciendo llegar) de modo insistente a los responsables de las Administraciones competentes en esta materia. Todos les hemos exigido que sean supervisadas por los profesionales que las usan, les exigimos que sean nuestros compañeros quienes elaboren los fondos documentales que hemos de utilizar de modo que se pueda agilizar la justicia con modelos, esquemas de tramitación y plantillas de calidad que repercutan en beneficio de los usuarios y, sobre todo, de los justiciables.
No es de extrañar que la Administración en contestación a estas demandas vertidas por todos los operadores de la Administración de Justicia hayan decidido incorporar a jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios en comisiones o grupos de trabajo para que se encarguen de revisar todo el obsoleto repertorio documental existente en los programas de gestión procesal, y elaboren las plantillas y esquemas procesales que continuamente usamos (y que permanentemente deben ser adaptados a las reformas legislativas). Los informáticos implementan programas de gestión, los actualizan, pero deben hacerlo guiados por juristas competentes, entre ellos los secretarios judiciales. A ellos debemos agradecer que el trabajo que todos los operarios judiciales sea más llevadero y tenga mayor calidad.
Ese trabajo es muy tedioso, poco gratificante y lleva muchas horas de dedicación por lo que parece justo que quienes lo desempeñan restando tiempo a otras actividades les sea gratificado de algún modo. A la vista de lo publicado no parecen excesivas esas retribuciones sino más bien exiguas. Ahora los secretarios judiciales que han colaborado en la CA de Madrid se ven envueltos en una polémica, que a la vista de lo publicado por los distintos medios de comunicación, parece que va más allá de dilucidar si su trabajo es compatible con nuestra profesión (no cabe duda pues se trata de una creación técnica ajena a cualquier tipo de asesoramiento), o de si debían solicitar la compatibilidad por esta actividad (no creemos que sea necesaria autorización expresa alguna pues está integrada dentro de la creación y producción científica y técnica), o de si la Administración que comprometió el pago debe hacerlo directamente con cargo al presupuesto o puede hacerlo a través de un empresa concesionaria de servicios a la que se ha obligado mediante una cláusula del pliego de adjudicación.
Pretender que los secretarios judiciales puedan tener relación laboral o mercantil con esas empresas o una relación de dependencia con la Administración obligada a dotarnos del sistema de gestión procesal que pueda truncar su independencia es excesivo e injusto. A la vista de la información publicada estos días pensamos que se ventilan intereses que nada tienen que ver ni con esos secretarios judiciales, ni con su actividad en la actualización y modernización de un sistema de gestión procesal, ni con su independencia.