UN ESTATUTO ADECUADO A NUESTRAS FUNCIONES Y LA NOJ PRIORIDADES DEL MINISTRO

Rafael Catalá, Ministro de Justicia, expuso esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados su programa de actuación para lo que queda de legislatura. Abordó el diagnóstico y las soluciones para abordar la reforma de la justicia y su administración, los secretarios judiciales y las reformas que afectan a nuestras funciones estuvieron presentes en su intervención.

 

 

Con carácter inmediato se comprometió a trabajar con nuestros representantes para la identificación de nuestras funciones de dirección que,  afirmó,  están dando un buen resultado donde está operativa la oficina judicial, así como su compromiso para adecuar nuestro estatuto a la nueva situación organizativa que debemos desempeñar los secretarios judiciales. Se trata de una buena noticia pues el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales siempre ha defendido la adecuación del estatuto a nuestras funciones.

 

De buena noticia tembién se puede considerar las referencias a la nueva oficina judicial, diseñada en 2003 por el Ministerio de Justicia del que formaba parte, de la que destacó como un acierto que ha permitido reducir los tiempos de respuesta de la actividad judicial, por ello apuesta por continuar con su despliegue en todo el territorio del Ministerio, comenzando por el Tribunal Supremo, y potenciar los acuerdos con las CCAA para su implantación,  sin perjuicio de modificar aquellos aspectos en los que esté fallando. Entre los proyectos prioritarios que abordará el Ministerio y que afectan directamente a la oficina judicial se encuadra el desarrollo de la Administración de Justicia electrónica. Confiamos en que al apostar por la actual demarcación basada en el partido judicial debería agilizarse su implantación, al quedar despejadas muchas dudas.

 

En la cara negativa de su programa está la confirmación de la apuesta que se ha hecho por los Registradores al frente de un Registro Civil desjudicializado, la continuación con un proyecto de jurisdicción voluntaria que se está tramitando en el Parlamento, que ha obviado el acuerdo al que habíamos llegado con los notarios en relación a la alternatividad, que debería tenerse en cuenta en ese marco de diálogo con todos los operadores jurídicos que reiteradamente ha anunciado.

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