6,3% es la rebaja que sufrirá el presupuesto del Ministerio de Justicia para el año 2012, como informamos hace unos días, tratándose de uno de los Ministerios menos afectados, ya que la rebaja media es del 17%.
Según recogen hoy los digitales “informativostelecinco.com” y “Expasión.com”, no todas las partidas se reducen, como la destinada a justicia gratuita para adecuarla a la demanda real. El resto de partidas se reducen desde los gastos de personal, que se llevan la mayor parte del presupuesto, que se ven reducidos en un 1,6% y, en general, las partidas destinadas a políticas de Justicia se recortan un 5,9%.
Se reduce en un 3,4% la partida destinada al Tribunal Constitucional, que se situará en 25,53 millones de euros y la del CGPJ baja hasta los 71,35 millones de euros, un 3,9% menos que en 2011.
Según recoge «informativostelecinco.com» el gasto en inversión se ve afectado. Las líneas de actuación en Justicia girarán en torno a tres «problemas» fundamentales: el exceso de litigiosidad, las carencias de gestión y la búsqueda de un nuevo modelo, en el que se implanten progresivamente los tribunales de instancia. Entendemos que se trata de avanzar en el diseño y desarrollo de la NOJ.
El Gobierno, continúa informando, dedicará 90,31 millones de euros al programa de inversión, de los cuales 53,57 millones estarán dirigidos a la modernización tecnológica, y 36,74 millones al Plan de Infraestructuras y Equipamiento. Teniendo el Ministerio la previsión de mejorar el modelo de Registro Civil, centralizando todos los datos con trascendencia, ofreciendo información rápida sobre el estado civil e implantando un sistema de tramitación electrónica.
El presupuesto en políticas de Justicia se reduce en 5,6%, según la información textual recogida del citado medio, para el Gobierno del Poder Judicial; en un 10,9% el gasto de la Dirección y Servicios Generales de Justicia; y en un 0,9% la partida destinada a la selección y formación de jueces. Rebaja en un 5,1% la asignación en materia de documentación y publicaciones judiciales; en un 2,8% la dedicada a la formación del personal de la Administración; en un 5,7% el gasto en tribunales de justicia y Ministerio Fiscal; y en un 15,6% en el programa de registros vinculados a la fe pública.
También debemos tener el cuenta el dato aportado por «Expansión.com» recordando que aunque la Justicia es el servicio público básico que ocupa un menor porcentaje de los PGE -un 0,5 por ciento, por debajo de la política exterior (0,9), la defensa (2,2) y la seguridad ciudadana y las Instituciones Penitenciarias (2,7)-, debe tenerse en cuenta que doce Comunidades Autónomas tiene las competencias transferidas en esta materia y cuentan con sus propios presupuestos.