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Matricúlate en la II Ed. Open Tutorials «Tasación de costas»

La doctrina jurisprudencial marcada por el Tribunal Supremo desde el año 2011 ha supuesto un profundo cambio en la actividad o función tasadora del Letrado de la Administración de Justicia en el orden jurisdiccional civil. La Unión Europea, en su objetivo de lograr la existencia de un libre mercado que favorezca la competencia, y por ende, los intereses de los consumidores, ha marcado el camino a seguir por nuestro alto Tribunal en materia de costas.

Siendo así, y consagrado el principio de la libre fijación de precios en la economía de mercado actual, los criterios o baremos de fijación de precios por los distintos Colegios Provinciales de Abogados han dejado de estar vigentes, siendo derogados, de facto, por la conocida como “ley omnibus”. El Letrado de la Administración de Justicia en su función tasadora, como “agente tasador” que fija el precio o valor de una cosas o trabajo, debe desarrollar esa actividad en base a parámetros hasta ahora desconocidos por la gran mayoría de los operadores jurídicos, que continúan fijando tarifas o precios en base a una regulación anacrónica y carente de vigencia.

Criterios tales como el principio de la proporcionalidad de la minuta con el trabajo realizado, la incidencia del mismo en el resultado del pleito así como la importancia de los intereses económicos subyacentes, entre otros, marcan las pautas a seguir por todo Letrado de la Administración de Justicia en su función tasadora, que si bien aparece limitada, en un primer estadio, a los casos de impugnación, todo ello en contra del criterio general marcado por el TJUE, el verdadero despliegue de tal actuación aparece con la eventual oposición – impugnación a la tasación de costas practicada en autos. Es aquí, y en este estadio procesal, donde el Letrado de la Administración de Justicia, de conformidad con la doctrina comunitaria asumida por el Tribunal Supremo, deberá fijar la cantidad que el condenado en costas deberá repercutir a la parte que ha visto estimada en su totalidad las pretensiones invocadas.

Siendo así, y en base a lo anterior, comencemos pues el recorrido por el entorno europeo en aras a conocer el origen de este cambio sustancial en la función tasadora del Letrado de la Administración de Justicia.

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