Respondiendo a la solicitud del propio Ministerio de Justicia, adjunto os transcribimos, textualmente, la respuesta del Ministerio a las reclamaciones hechas sobre las plazas ofertadas en el concurso de traslado de Secretarios Judiciales, publicado en el BOE de hoy, sin perjuicio de la cual, este Colegio Nacional continuará defendiendo la postura que, desde antiguo, venimos defendiendo: que en cada concurso de traslado deben ofertarse todas las plazas vacantes y desiertas que existan en ese momento.
«Buenas tardes a tod@s
Ante el gran número de llamadas que se están recibiendo en el Área de Secretarios del Ministerio relacionadas con el concurso de traslados publicado en el BOE de hoy, 28 de abril, hemos considerado oportuno trasladaros cuáles han sido las circunstancias por las que se ha llevado a cabo la convocatoria en la forma en que se ha hecho.
En primer lugar, deciros que, pese a no venir reconocido como un derecho individual de los Secretarios Judiciales, es intención de este Ministerio la publicación anual de los concursos de traslado necesarios para favorecer la provisión de vacantes de modo que beneficie no sólo a la prestación del servicio público, sino a los intereses que permitan a aquéllos alcanzar un adecuado desarrollo profesional y la conciliación de su vida laboral y familiar en el modo que consideren oportuno. Dicho esto, es también nuestro propósito que en tales concursos de traslados se oferten todas las plazas de Secretario Judicial que no estén cubiertas por titular, es decir, tanto las se encuentren vacantes por cesar en su cargo el último titular (por concurso de traslado, jubilación) como las que no se hubieren cubierto en anteriores concursos (las llamadas “desiertas”).
Pese a ello, habéis podido observar que en la resolución antes mencionada no se incluyen las plazas que quedaron desiertas en el último concurso. Os adelanto que tal omisión no obedece, en modo alguno, a un cambio en el criterio antes expuesto.
Como también habréis visto, en el concurso se incluyen plazas de órganos de nueva creación, cuya puesta en funcionamiento es inminente. De hecho, durante un tiempo estuvimos a la espera de que varias Comunidades Autónomas decidieran la fecha en que iban a poner en funcionamiento tales órganos, hasta tal punto que el concurso anterior se retrasó más de lo debido. Posteriormente alguna de aquellas Comunidades Autónomas cambiaron las fechas para varios órganos, incluso en una de ellas no hemos podido ofrecer las plazas previstas debido a que todavía no se sabe cuándo se van a constituir éstos.
La premura de los plazos nos llevó a pensar, primero, en la posibilidad de sacar a concurso sólo estas plazas, las de nueva creación, para permitir con ello una rápida resolución, de modo que asegurase el cumplimiento de los plazos previstos. Sin embargo, finalmente optamos por sacar también las que resultaron vacantes en el último concurso. Entiéndase la excepcionalidad de un proceso que, ante todo, debe resolverse en unos plazos muy cortos, antes de la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales pero también que, como se viene diciendo, ello no implica abandonar el propósito ya indicado de sacar a concurso, siempre que sea posible, todas las plazas no cubiertas por titular.
Sólo resta añadir que, previsiblemente, durante el próximo mes de junio se volverá a anunciar un nuevo concurso (cuya fecha probable de resolución se trasladará a septiembre) en que se incluirán de nuevo todas las vacantes, incluidas, como no, las que hubieren quedado desiertas en anteriores concursos.
Dicho todo lo anterior os agradecería hicieseis público este comunicado a los afiliados y simpatizantes de vuestra organización, al tiempo que os rogaría también hagáis extensiva nuestra preocupación ante el considerable número de llamadas recibidas en esta Subdirección y el Área que coordino relativas a esta cuestión, que en nada beneficia a la realización de los trámites para resolver con estos procesos con la prontitud y eficacia deseada por todos.
Recibid un cordial saludo
Coordinador del Área del Secretariado DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN».