Por su interes adjuntamos el recurso de inconstitucionalidad promovido por varios Grupo Parlamentarios contra el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
En las páginas 46 y ss se recurren las disposiciones adicionales decimonovena a vigésimo cuarta del Real Decreto-Ley que atribuyen la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles, por afectar al derecho a la intimidad protegido en el art. 18.4 de la Constitución Española, al haberse ponerlo en manos de operadores jurídicos privados, entre otras razones.
La desjudicialización del Registro Civil no debe suponer que este servicio público deba salir del ámbito de la Administración de Justicia, pues los secretarios judiciales como funcionarios públicos cualificados y gran experiencia en esta materia están plenamente cualificados para su llevanza y gestión.