Hemos esperado un mes para hacer una nueva revisión de la situación y valoración del despliegue y puesta en marcha de la Ley de Eficiencia, LO 1/2025, en lo que se refiere a la implantación de los tribunales de instancia. Y lamentablemente nos vemos obligados a reiterar nuestro diagnóstico: el despliegue sigue siendo lento y desigual en territorio transferido, en todos los desarrollos hay descoordinación y una absoluta falta de homogeneidad, en la zona Ministerio sigue siendo atropellado y en todas las sedes hay una importante deficiencia de medios personales y materiales que debe de corregirse cuanto antes si queremos que llegue a buen puerto.
Analizaremos sumariamente cada uno de estos aspectos, destacando únicamente lo que consideramos prioritario, y proponiendo paralelamente vías de solución para que, además de la pretendida eficiencia, se logre una reforma que además aporte eficacia.
Como decíamos, hace un mes hacíamos un estudio detallado de las previsiones de cada CCAA con transferencias, al que ahora nos remitimos puesto que en este tiempo hemos comprobado que la realidad sigue siendo esencialmente la misma. Recordamos, que las competencias de Justicia están transferidas en un 80% de los nuevos tribunales, que llega aproximadamente a un similar 80% de los ciudadanos. Y que estas CCAA se han tomado con más o menos calma las adaptaciones necesarias, pero lo cierto es que en gran parte del territorio nacional no se está funcionando más que nominalmente con el diseño previsto. Seguramente esta circunstancia, de por sí anómala, demuestra que era necesario un periodo transitorio mayor, como hemos reclamado hasta la saciedad, y que la puesta en marcha de la Ley realizada por el Ministerio ha sido atropellada, precisamente, porque no se puede hacer mínimamente bien en tan poco tiempo y con tan pocos medios.
Por ello proponemos que, ante la falta de implantación y desarrollo en gran parte del territorio, y ante las deficiencias apreciadas ya en los diseños del Ministerio, se revisen los protocolos de forma centralizada para homogeneizar los diseños. Hasta ahora se ha abandonado por el Ministerio a los responsables. Se necesitan medios y profesionales especializados que redacten PROTOCOLOS reales y efectivos, con calidad, dentro de una estructura básica que proporcione homogeneidad en todo el Estado. Desde el Ministerio se dice que el nuevo diseño aporta homogeneidad, y a día de hoy lo que vemos es diversidad y confusión, para los que trabajamos en Justicia desde dentro o desde fuera de los edificios judiciales. Los protocolos son responsabilidad del Ministerio de Justicia, y de los órganos superiores del cuerpo, partiendo de la Secretaría General, y si no se realizan desde estas instancias, estamos viendo cómo se hará por otros. Dentro de esta estructura hay profesionales muy capaces y el Colegio ofrece toda la colaboración que sea necesaria. No podemos ahora detallar todas las deficiencias que se están apreciando también en las aplicaciones informáticas de gestión procesal, que reproducen muchas de las que se observan en los protocolos y en la continua petición de datos desde la secretaría general a cada sede que, por esa diversidad de aplicaciones, tienen que obtenerse frecuentemente mediante un cómputo manual, lo que no es justificable hoy día. En una administración de justicia que quiere basarse en la realidad del “dato”, se necesitan cuadros de mando reales que funcionen de manera autónoma, plasmando directamente en cada momento la situación real de cada servicio y no haciendo “palotes”.
Junto a ello, consideramos esencial que se articulen medios de cooperación institucional entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ, similares a la antigua Comisión Jurídica Asesora que limen de forma coordinada los problemas que vayan surgiendo y que allane el camino al trabajo de cada una de las sedes. No es posible que se funcione de manera desconexa, porque ello repercute necesariamente en cada una de las sedes judiciales.
En esta revisión organizativa, que debe extenderse a todos los servicios comunes, hay que tener en cuenta que se ha confirmado a los funcionarios de los cuerpos generales y letrados de la Administración de Justicia en el servicio común de tramitación, y que ha sido residual la reasignación de personas al de ejecución. Consideramos que los servicios comunes de ejecución deben de potenciarse para evitar que se cuestione su eficacia. Desde aquí comprometo a los profesionales del derecho para que se comparen los resultados que puede haber producido en la agilización de la fase de ejecución las reformas procesales introducidos en el Real Decreto Ley 6/2023 que amplió las facultades ejecutivas de algunos profesionales (estamos esperando a los datos del CGPJ), con los que se obtendrán con la reforma organizativa y tecnológica que aportan los servicios comunes de ejecución. El compromiso de los Letrados de la Administración de Justicia, al menos de las asociaciones mayoritarias, con una ejecución pública y gratuita, es total, e instamos a nuestros compañeros a que se impliquen con decisión en ello.
No bastan arengas de ánimo, es necesario que se dote a las nuevas oficinas judiciales de medios personales y materiales por parte de todas las administraciones responsables, para que pueda funcionar con unas mínimas garantías. Es esencial que se nombren los refuerzos derivados de ceses y los que se están solicitando de nuevo, de funcionarios de todos los cuerpos, pero especialmente del nuestro, del de letrados de la Administración de Justicia. La realidad demuestra que no es cierto que se puedan crear puestos de juez, sin el necesario soporte, es claramente irreal pensar que pueda ser así. Por ello reclamamos que se ajusten las relaciones de puestos de trabajo en un número similar de Letrados, especialmente también en las secciones de violencia sobre la mujer y en los registros civiles, donde con más insistencia se está poniendo de manifiesto esa necesidad. Y para que sea así necesitamos que se incorporen a la oferta de empleo público más puestos de Letrados de la Administración de Justicia, y que se convoquen eficazmente las oposiciones; aún seguimos esperando la convocatoria de las anunciadas el año pasado, ante una realidad que demuestra un déficit de al menos 1000 efectivos de Letrado de Justicia. Y del mismo modo, es imprescindible que se ponga en marcha el ya viejo texto del decreto de sustituciones que nos permita ver retribuido nuestro trabajo, de forma inmediata, porque de no ser así vamos a tener que cuestionar las sustituciones que se nos están imponiendo como consecuencia del déficit de Letrados de Justicia.
Y por supuesto que son necesarios inversiones en medios materiales y en tecnología, especialmente en las sedes que carecen de expediente judicial electrónico, que exigen un trato diferente porque la realidad es efectivamente distinta. Es muy complejo desarrollar esta reforma con expedientes en papel, y es imprescindible adoptar garantías especiales que seguramente exijan realizar algún cambio en los planteamientos que se han venido realizando hasta ahora.
Finalmente, recordamos que seguimos esperando a que se resuelvan temas prioritarios como el teletrabajo (imprescindible en una realidad tecnológica y social como la actual), la productividad (para evitar que se pierda y no se cobre en este trimestre), la carrera profesional (para estimular correctamente a todos), o la protección de datos (muy necesario cuando vemos que se proporcionan accesos a las aplicaciones con muy diversos roles). Necesitamos que se reactiven ya. La realidad es diferente y todos estos temas necesitan soluciones inmediatas.
Seguiremos trabajando y aportando con honestidad nuestro punto de vista.
Somos Colegio.