Una nueva incoherencia. Presumible supresión de servicios comunes de ejecución en el País Vasco

Según noticias conocidas recientemente, el País Vasco ha decidido, manu militari, suprimir los Servicios comunes de ejecución, que llevaban implantados más de quince años en la Comunidad. Esta errónea e ilógica decisión solo puede entenderse desde un profundo desconocimiento e infravaloración de lo que son y aportan tales Servicios comunes, en cuanto a especialización en un ámbito tan sensible para la ciudadanía como es el de la ejecución.

Los Servicios comunes de ejecución han imprimido una agilización importante a la ejecución, permitiendo un alto grado de especialización de quienes desempeñan su cargo en ellos, lo que ha redundado en una mejora sustancial de eficacia y de acortamiento de plazos.

Resulta enormemente decepcionante, y hasta diríamos que indignante, que, mientras se dan facultades de ejecución a profesionales privados, se estén restando medios a Juzgados y Tribunales para ejecutar más y mejor.

Y que estos cambios deriven de la aplicación de una ley que se autotitula, de manera rimbombante, “de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia”, resulta aún más chocante, salvo que esas medidas se entiendan para reducir esa eficiencia, no para mejorarla.

La decision es mas inexplicable aun, teniendo en cuenta que los Servicios de Ejecución ya estaban implantados con excelentes resultado, siendo mucho mas caro para el erario publico su desmantelación, que su mantenimiento, lo que no puede interpretarse sino en favor de una privatizacion del Servicio Publico en contra de los propios Modelos aprobados por el Ministerio y todas las CCAA