COMENZAMOS CONTACTOS CON EL MINISTERIO PARA LA ADECUACIÓN SALARIAL
El Secretario General de la Administración de Justicia, Borja Vargues, acompañado de la Directora General de servicio público, Concepción Lopez-Yuste, se han reunido hoy con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, UPSJ, Sisej y Ainseju para tener una primera toma de contacto a fin de dar cumplimiento al mandato que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha impuesto al Ministerio de Justicia ordenándole que “procederá a la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas”.
En esta reunión se ha impuesto un calendario de reuniones que deberán tener como referente los principios de transparencia y lealtad.
Aunque aún no existen propuestas concretas, ya nos anuncian que la adecuación deberá financiarse con fondos del Capítulo I por imposición del Ministerio de Hacienda.
Rafael Lara, Presidente del CNLAJ le ha trasladado nuestro total desacuerdo con esa supuesta imposición de Hacienda, puesto que la Disposición Adicional de la LPGE es clara al establecer que “Para ello, el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición”.
El texto es claro el Gobierno tendrá que dictar acuerdos para dotar de los fondos que sean necesarios para dar cumplimiento al mandato parlamentario, es decir a la adecuación salarial. No da lugar a interpretaciones destinadas a convertir el mandato legal en un mero trámite que suponga un ridículo incremento salarial amparado como siempre en la estabilidad presupuestaria. Hoy esa excusa no sirve, pues el Parlamento, quiere una verdadera adecuación salarial para los letrados de la administración de justicia, y para que no se invoquen cortapisas, expresamente la LPGE obliga (adoptará) al Gobierno a tomar los acuerdos necesarios para dotar presupuestariamente esa obligada adecuación. Dotará implica nuevos fondos y no los que el capítulo I destina a otras finalidades distintas de esa adecuación salarial.
El Ministerio de Justicia NO puede limitarse a trasmitir una intención de algún órgano del Ministerio de Hacienda (no sabemos si se ha limitado a expresar su rechazo a cumplir la LEY o lo ha hecho por escrito).
Queda trabajo por delante, habrá reuniones periódicas, y defenderemos nuestros postulados, que son los intereses de los Letrados. No daremos un paso atrás.