EL ESTADO DE DERECHO ESTÁ EN SERIO PELIGRO
Los letrados de la Administración de Justicia somos garantes del cumplimiento de principios esenciales de los procesos judiciales que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entre ellos destacan los que están reconocidos en el artículo 9 de la Constitución: el de legalidad, el de seguridad jurídica y el de igualdad.
Hasta que no se ha publicado en el día de hoy el texto que contiene el acuerdo entre las fuerzas políticas que pretenden gobernar España en los próximos años hemos mantenido un respetuoso silencio.
Hoy resulta evidente que el principio de legalidad, unido al estado de derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles, están en serio peligro.
Ello enmarcado en un momento histórico de sucesiva erosión de la confianza en el Tribunal Constitucional, en el CGPJ, o en los Tribunales de Justicia, compromete a quienes ejercen el tercer poder del Estado, el que, precisamente, debe ser el encargado de la salvaguarda de los principios que ahora se ven limitados, cuestionando nuevamente su independencia con veladas amenazas. España no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes ejecutivo y judicial están sometidos al legislativo. Por el contrario, es una democracia occidental parlamentaria con división de poderes.
El compromiso con estos principios, junto al de la indisoluble unidad de la Nación española del artículo 2, o el avance hacia una diferente organización del Estado, pone de manifiesto que se está asumiendo una reforma constitucional encubierta, sin usar la vía que viene establecida en los artículos 166 y siguientes de la Constitución.
Por ello entendemos que debemos manifestar públicamente la misma inquietud y el respaldo al comunicado publicado en el día de hoy por todas las asociaciones judiciales, al tiempo que exigimos respeto al Poder Judicial y a la Administración de Justicia en general.