ERRE QUE ERRE
Viernes 18.30 horas, todos atentos a la comparecencia del Sr Ministro, todos ante el televisor, para corroborar con decepción que el Ministerio solo escucha al CGPJ.
Ha pasado una semana desde la declaración del estado de alarma, desde la suspensión de prácticamente todos los plazos procesales, desde la suspensión de la mayoría de los actos judiciales. Se ha constatado la reducción de la actividad judicial al mínimo. No hay tránsito de personas por los juzgados, no hay trasiego de escritos físicos. Parón. Esa constatación estaba llevando a CCAA como País Vasco, Andalucía o Valencia a flexibilizar sus instrucciones relacionadas con los servicios mínimos permitiendo la disponibilidad de los mismos, reduciendo la presencia.
Todos los operadores jurídicos tenemos claro que una gran parte de los servicios mínimos para atender los esenciales establecidos por el CGPJ se pueden realizar con un número mínimo de efectivos presenciales, e incluso que deberían tramitarse mediante la opción del teletrabajo (ya que muchos programas de gestión lo permiten según vienen asegurando sus propietarios), o la creación de equipos. No es necesaria la presencia de nadie en determinadas jurisdicciones con los brazos cruzados, o si lo fuera sería muy limitada en el tiempo.
No obstante el CGPJ por un lado y, por otro, el Ministerio de Justicia asumiendo la dirección centralizada de todo el personal no judicial, han parado en seco cualquier atisbo de flexibilización en las dotaciones presenciales de personal que deben afrontar los servicios mínimos establecidos por el Consejo. Seguimos entendiendo que es un error que, en una Administración que sin apenas dotación de medios materiales destinados a la protección del personal, se mantenga tanta presencia innecesaria. Esperábamos que el Ministerio rectificara ayer, hasta poder valorar la protección personal que puede y debe darse. Esto, que es obligación de toda Administración, como lo es del empresario, y así lo vemos en supermercados y comercios, no es solo por el trabajador, hoy, lo es por la propia sociedad de la que forman parte y con quien convive, siquiera sea quedándose en casa como debemos hacer.
Los casos de contagiados en Justicia aumentan a pesar de que no se hacen los test por no estar en los grupos de riesgo reconocidos, según las informaciones que nos hacen llegar LAJ de distintos órganos judiciales. La Administración debería tener la máxima transparencia en esta situación en la que todos debemos participar activamente para logra su erradicación y proporcionar los datos sobre cuánto personal ha contraído el virus, la jurisdicción a la que pertenecen y los partidos judiciales dónde ocurre para actuar con mayor precaución si cabe y poder exigir a la Administración prestacional el incremento de medidas, si eso fuera necesario.
Ministro, sí aplaudimos que hayas puesto a disposición de la autoridad sanitaria todos los recursos de los IMLs e Institutos de Toxicología, deseando la mejor suerte a las personas que en ellos trabajan, es por su bien y el de todos, siendo como son hoy día tan necesarios. Como te hemos transmitido, el Colegio estará contigo apoyando todas aquellas medidas destinadas a erradicar la epidemia, pero nos mantendremos críticos con el empecinamiento en los desaciertos que hemos puesto de relieve en las mínimas conversaciones mantenidas, en las que hemos aportado incluso posibles soluciones, que
aún no vemos reflejadas ni sabemos que sean valoradas.
Ahora tienes una comisión con CCAA, CGPJ y Fiscalía. Integra también como asesores a los expertos sanitarios, debes hacerlo, explícales en qué consiste cada uno de los servicios esenciales que desarrollamos, cómo se les da respuesta en el órgano judicial competente, y que sean ellos los que indiquen la mejor manera de implementarlos, pues es una medida mínima inicial, y es lo que oímos al Gobierno de la nación. Así para cualquier medida que se decida implementar. Exponle la actividad de los juzgados de guardia y que indiquen si somos personal de riego, y por tanto necesitados de una especial protección. E insistimos, da publicidad a las cifras de personal afectado por el virus o puesto en cuarentena como consecuencia de su actividad laboral y la jurisdicción en que presta sus servicios, pues es la única manera de que podamos aplicar personalmente, organización y medidas de protección, y poder mantener el servicio público de la Justicia.
