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Carta del Comité de #HuelgaIndefinidaLAJ al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Con esta comunicación se pretende alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales, a partir del 24 de enero de 2023, consecuencia de la Huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (en adelante LAJ), en la que ha desembocado el conflicto laboral con el Ministerio de Justicia. 

La huelga tiene un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas, y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia, al ser imprescindible la intervención de este Cuerpo Superior Jurídico único de funcionarios del grupo A1, unos 4.300, de carácter estatal, dependiente del Ministerio de Justicia que ejerce sus funciones con carácter de autoridad, dirigiendo todas las Oficinas judiciales, para la sustanciación e impulso de los asuntos, con enormes perjuicios con suspensiones de juicios y declaraciones, aumentando las dilaciones. 

También se producen perjuicios económicos. Se paralizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, con un saldo promedio de 4.500 millones de euros. 

El conflicto tiene su origen en la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas, muy intensamente en 2015, provocando un insoportable desequilibrio en las prestaciones, todo ello en un contexto de falta de audiencia y participación de nuestras asociaciones profesionales en la determinación de las condiciones laborales y materias afectantes a nuestro estatuto orgánico, que son excluidas de las mesas de negociación colectiva, donde sólo participan los sindicatos de los cuerpos generales del Libro VI de la LOPJ cuyo intereses son contrapuestos a los de los LAJ, a los que el Ministerio de Justicia ni atiende, ni cuida, ni respalda, ni protege de agresiones antisindicales de dichas organizaciones. 

El detonante del conflicto fue el Acuerdo de 15 de diciembre de 2021 firmado por Ministerio de Justicia con dichos sindicatos, sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la DA 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La pretendida adecuación asignándose al LAJ, sin la preceptiva valoración objetiva, un complemento específico transitorio tan solo 10 euros superior al asignado para la equiparación territorial a los Gestores Procesales en el párrafo primero. El propio Consejo General del Poder Judicial consideró en su informe que no se había cumplido la DA 157. 

Para hacer constar su malestar e indignación con dicha situación los LAJ en 2022 han ido mayoritariamente a la huelga los días 29 de enero, 9 y 10 de marzo. 

La huelga convocada para los días 5, 6 y 7 de abril se suspendió ante compromisos por escrito del Ministerio de Justicia de impulsar las mejoras retributivas y estatutarias, establecer un calendario de reuniones y dar audiencia a las asociaciones profesionales, como consta en el documento adjunto. Así, se acordó reducir los grupos de población de los LAJ para equipararlos a los de otros Cuerpos de similar categoría, como también remediar un gran número de cuestiones profesionales pendientes, como sustituciones, libranzas, carrera profesional o estatuto orgánico. 

Cabe destacar la oportunidad de impulsar el cumplimiento al siguiente compromiso: 

Impulsará la modificación de los instrumentos normativos precisos para que las retribuciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo. 

Siendo todavía posible su introducción en una enmienda transaccional dado que no sólo no se presento por el PSOE la enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa, sino que se ha vetado la 12ª presentada por Ciudadanos. 

Igualmente, depende tan sólo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y Estatuto Orgánico. 

Por ello, esta vez todas las asociaciones profesionales propusieron medidas de conflicto colectivo, refrendadas en asambleas, presentándose preavisos de nuevas huelgas los días 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre, e indefinida a partir del 24 Enero de 2023. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia alarga y recrudece el conflicto, pues no sólo no ha convocado al Comité de Huelga, incumpliendo la obligación prevista en la Ley reguladora del derecho de huelga -Real Decreto ley 17/1977 de 4 de marzo, de relaciones de trabajo-, sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad. 

Ante la gestión insensible e irresponsable del departamento ministerial del Gobierno que preside, en un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto, para que prevalezca la Justicia, valor superior del ordenamiento jurídico y su funcionamiento el pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho que es España, evitando a la ciudadanía los perjuicios de la huelga. 

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