LA UPF PRETENDE TRASLADAR SU RESPONSABILIDAD AL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Publica El País digital un artículo sobre el control de los plazos en la instrucción penal con el que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia no puede estar más en desacuerdo. Bajo el título ««Fiscales ven imposible revisar todas las causas en el plazo legal» la Unión Progresista de Fiscales traslada la » imposibilidad» de controlar esos plazos, entre otras razones, por «la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de justicia a quienes legalmente corresponde la obligación de controlar los términos judiciales», según afirman en esta noticia.
El Colegio quiere recordar a esta Asociación que los Letrados de la Administración de Justicia no elaboraron ni aprobaron la reforma legal que a ellos, y solo a ellos, les obliga a llevar el control de estos plazos. La obligación impuesta por la ley al Letrado de la Administración de Justicia es la de dar cuenta al Juez del transcurso de los plazos «judiciales», sobre todo cuando esté pendiente alguna actuación acordada por el Juez. Nunca a una de las partes por pública que sea, pues la ley lo impide. Consideramos a los Fiscales como elemento nuclear y esencial en todo proceso instructor, y como colectivo más que cercano, pero también son una parte en el proceso con la que siempre hemos colaborado activamente, pero la colaboración no nos puede convertir, como parece pretenderse, en un funcionario a su servicio que rompería las reglas y garantías procesales. Desde los Juzgados y Tribunales hemos colaborado al máximo y conforme a la ley, como escrupulosamente y con eficacia aplicamos, y de siempre se les ha notificado todo aquello que les afecta, desde la incoación hasta el archivo, confiando en que en sus dependencias tendrán ordenadamente todas la información necesaria para cumplir con esta obligación. Sin perjuicio de lo cual se ha colaborado al máximo dándoles vista y conocimiento estos meses y masivamente de todo aquello que nos han solicitado. No pueden pretender hacernos responsables de los inconvenientes que sufren para cumplir con el mandato legal.
Tampoco somos la Fiscalía General de Estado que deba llevar a cabo el impulso de las demandas que se reclaman, ni tampoco dotamos de medios materiales, en este caso programas informáticos, adecuados para posibilitar este control (según nuestras noticias alguna CA ya ha dotado a las Fiscalías de un herramienta para ello), que como bien saben corresponde a la Administración competente.
Como siempre hemos actuado y actuaremos sometidos a la legalidad, en sus límites precisos en garantía de los ciudadanos y los principios del proceso, eficazmente y con responsabilidad.