NUEVO SECRETARIO GENERAL D. ANTONIO VIEJO. BALANCE Y PERSPECTIVAS
El BOE del pasado sábado publica el nombramiento del nuevo Secretario General de la Administración de Justicia, habiéndose elegido para un cargo, de tanta trascendencia para nuestro Cuerpo, y para la propia modernización de la Administración de Justicia, a D. Antonio Viejo Llorente, hasta ahora Magistrado Decano de Madrid; y que viene a sustituir a D. Antonio Dorado, Letrado de la Administración de Justicia.
No podemos sino desear en su nueva responsabilidad a D. Antonio Viejo, éxito en su gestión pues redundará en beneficio de todos, confiando que, a su experiencia y conocimiento de la Justicia, sume esta
nueva perspectiva, la de ser el Superior jerárquico de todos los Letrados de la Administración de Justicia. Esa nueva sensibilidad, confiamos, y trabajaremos, para que presida su futuro e inmediato quehacer. Por ello y para ello, nos ponemos manos a la obra y a su plena disposición.
No podemos ser ajenos, sin embargo, a una evidencia, como es la de que se viene consolidando con este nombramiento, y los que le han precedido, un nuevo equipo que la propia Ministra de Justicia ha calificado, como publica el Confilegal, como “equipo cómplice”, compuesto en sus principales cargos, por miembros de la judicatura y la fiscalía, y con absoluta ausencia de Letrados de Justicia. Ausencia que no comprendemos ni podemos sino lamentar, cuando somos el único Cuerpo Superior Jurídico que depende sin dudas ni matices del Ministerio de Justicia, y cuando nuestra posición y funciones nos hace un elemento del máximo valor en el servicio público y su modernización; un Cuerpo experto y responsable, y en el que seguro habría muchos compañeros que por sus méritos y prestigio hubieran sido capaces de aportar y ser merecedores de la confianza de la Ministra.
Tal vez toque hacer balance y establecer perspectivas. Acaba con estos nombramientos una etapa en el Ministerio en la que miembros de los diferentes colectivos protagonistas de la Justicia, ocuparon cargos de responsabilidad, y al frente del nuestro, un Letrado de Justicia. Trabajamos muy esforzadamente unas veces contando con la escucha activa y el hacer del anterior equipo, y otras con disenso. De esa etapa hemos de mencionar reformas de importancia que ponemos en el haber, y por las que hemos prestado mucho esfuerzo desde el Colegio, pues no en vano constituían parte esencial de nuestras reivindicaciones. Habiendo quedado pendientes otras también muy trascendentes, que ubicamos en el debe, pero etapa de la que en definitiva alcanzamos los Letrados de Justicia como resultado del trabajo y la demanda, entre otras:
1. una reforma de la LOPJ que olvidó el proyecto del Ministro Gallardón ante el que firmemente nos opusimos, y en la que finalmente se alcanzaron expectativas de calado como el cambio de nombre, régimen disciplinario propio, reconocimiento legal de las libranzas a falta de su renovado desarrollo, reconocimiento de la audiencia obligada a las asociaciones, definición como Directores de las oficinas a los Letrados, entre otras
2. se tocó el régimen de categorías, eliminándose la consolidación como requisito de adquisición, y permitiéndose con ello que los compañeros de tercera en puestos de segunda cobren como tales.
3. se hizo rutina el cobro de las entradas simultáneas para hacerlo una realidad
4. se obtuvo el dictado de una Orden Ministerial general de implantación de oficina en todo el territorio ministerio
Y a ello se han unido pugnas críticas que hemos sostenido con final éxito, como la cuestión del 324 de la Lecrim en la que, independientemente del fondo de dicho precepto, demostramos al Ministerio, y así lo entendía, que la dación de cuenta lo es “en” el proceso judicial y no al servicio de intervinientes por más que fuesen el Ministerio Público; o ya en tiempos cercanos la defensa que sostuvimos de nuestra jerarquía los Secretarios de Gobierno, que está para trabajar por el servicio público, y no al servicio de los Presidentes del TSJ en su obligación instruida por el CGPJ de recabado de datos con ocasión de una huelga de Magistrados. O la idea de un Registro Civil como servicio público e institución nacional a nuestro cargo que llegó a plasmarse en una proposición de reforma de la ley impulsada desde el Ministerio, y que la oposición parlamentaria acabó denegando y prorrogando de nuevo una Ley que debe adaptarse.
Sin duda los resultados obtenidos con las reformas aprobadas son consecuciones importantes y para ello hemos trabajado, como lo hemos hecho, paso a paso. Y en el “debe” queda, lo que constituye ya objetivos inmediatos de nuestra actividad y quedaron pendientes. Como ese nuevo Reglamento orgánico que no avanzó como debía y debe aclarar el sistema de categorías, proteger a la tercera, el escalafón, los concursos de traslado, etc…, o el Real Decreto de sustituciones que las retribuya adecuadamente y aún sorprendentemente está paralizado en Hacienda…
Y por descontado la adecuación salarial, debida y exigible, inaplazable, para la que no escatimaremos esfuerzo y acciones, que ya iniciamos hace meses, y para la que debemos partir del suelo del contenido de las reuniones que ya estábamos teniendo y ese mínimo reconocido por el Ministerio de que no habría para nadie en Justicia si como mínimo no había para los Letrados.
Seguiremos con todo aquello que aún está pendiente, que en esta noticia hemos descrito aún sin ánimo de ser exhaustivos, y en cuya consecución seguiremos firmes aún con la decepción del escaso interés que hasta ahora ha demostrado el Ministerio con nuestro Cuerpo. En el trabajo por la dignidad, autoridad y profesionalización del cuerpo en todos sus puestos y responsabilidades, con respeto a nuestra condición jurídica y directiva, y no como cajón de sastre de ocurrencias o tareas de otros; nuestra conciliación laboral y personal, salud laboral, seguridad jurídica en nuestras funciones (como en la protección de datos), y todo lo que la ley y la acción política debe tener presente dada nuestra condición profesional.