Propuestas del CNLAJ sobre la incidencia en el proceso penal del Proyecto de L.O. de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
El CNLAJ ha trasladado al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios un Informe sobre la incidencia en el proceso penal del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
El Proyecto de Ley aborda un cambio de paradigma en la regulación de la conformidad, rompiendo con el límite penológico actual al reformar el artículo 655 Lecrim, lo que consideramos que nos podría llevar a situaciones que confrontan con los valores del estado democrático y de derecho, y con los principios penales. La propuesta que realizamos, nos permite mucha mayor eficiencia que la fórmula planteada por el Proyecto, ya que:
1. Anticipa el momento para alcanzar la conformidad, ahorrando, por tanto, tiempo y trámites.
2. Facilita que realmente que se llegue a un acuerdo fechas antes del juicio.
3. Evitaría muchos desplazamientos innecesarios a testigos y peritos, tanto ciudadanos de a pie como integrantes de los Cuerpos policiales
Junto a ello hacemos una serie de aportaciones para completar el reconocimiento que hace el propio texto de la necesidad de “ordenar la fase de ejecución penal” y la reforma de múltiples aspectos de esa Ley que necesitan reforma urgente.
Por otro lado proponemos la reforma del art 666 de la Lecrim. El CNLAJ ya expresó en su momento su abierta disconformidad con la ley de amnistía: “Hoy resulta evidente que el principio de legalidad, unido al estado de derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles, están en serio peligro.” Nuevamente reiteramos nuestra defensa del Estado de Derecho, y volviendo a la Lecrim nos reiteramos en la necesidad de suprimir la amnistía como uno de los artículos de previo pronunciamiento del artículo 666, para que quede claro que consideramos que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico constitucional.