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Letrados de la Administración de Justicia reunión con Ministerio

REUNIÓN MERAMENTE INFORMATIVA CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA: SUSTITUCIONES Y PRODUCTIVIDAD

El pasado viernes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, previa convocatoria, mantuvo una reunión con el Ministerio de Justicia por videoconferencia con un orden del día en el que se limitaba a ser “informado”, como parece costumbre, junto con el resto de asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, sobre el plan de actuación previsto en la DA 19ª del Real Decreto-Ley 11/2020, las actuaciones del Ministerio de Justicia para la regulación del régimen de sustituciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y la propuesta de creación de grupos de trabajo para la modificación del sistema de productividad.

Respecto del primer tema, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recibió una somera descripción de las medidas con las que el Ministerio pretende arrancar este plan de actuación y que, en una primera fase que se desarrollará durante 4 meses (del 1 de septiembre al 31 de diciembre), tendrá como objetivo resituar los juzgados afectados a su situación previa a la pandemia. Los responsables ministeriales manifestaron que el principal problema con el que se están encontrando a la hora de diseñar este plan es el de la calidad del dato, habida cuenta que sólo se va a poder contar con los datos correspondientes a los boletines estadísticos del primer trimestre del año, que no van a reflejar la verdadera incidencia del Estado de Alarma sobre la actividad judicial. Tampoco los sistemas de gestión procesal ofrecen datos de calidad, siguieron explicando, al no resultar coherentes entre sí.

Una vez se tengan datos reales del efecto e incidencia de la crisis sanitaria en los juzgados y tribunales sujetos al plan, a partir del acceso a los boletines estadísticos del segundo trimestre, se elaborará una segunda fase de este plan de actuación que, con inicio previsto el 1 de enero de 2021, ya sí se pretende tenga una verdadero alcance reparador sobre los órganos judiciales afectados.

La fijación como criterio básico del plan del correspondiente módulo del órgano judicial; el establecimiento de un modelo mixto de carga de trabajo/tendencia del órgano; la elaboración de planes de actuación por objetivos con retribución específica asociada; la creación de equipos de apoyo externos con composición compleja (un juez + una Letrado de la Administración de Justicia + dos gestores + 2 tramitadores + un auxilio) con el objetivo de atender los asuntos urgentes vinculados a la crisis; el establecimiento de ratios de nombramiento de letrados de justicia cuando se nombren jueces (en mercantil, un laj x dos jueces, en social un laj x un juez); el criterio diferenciado en los órgano mercantiles de que los equipos de refuerzo atiendan  los asuntos sencillos (de mayor volumen, como las reclamaciones aéreas) para dejar a los titulares, con mayor especialización, la tramitación específica de los asuntos complejos; la exclusión en esta primera fase del plan de los juzgados de lo contencioso; y el criterio de flexibilidad y atención a las circunstancias concretas de cada partido judicial en sus necesidades de atención, fueron algunos criterios de los que fuimos informados para la adopción de las medidas que los responsables ministeriales nos avanzaron.

Sin disponer del texto en que se pretenda concretar este plan de actuación, y del que nos anunciaron recibiríamos puntualmente traslado para alegaciones, poco podemos manifestar más allá de una primera impresión que parece alejar, al menos en el relato que se nos ofreció, nuestros principales temores de la aprobación de un plan generalista, monobloque y desarraigado de las concretas necesidades de cada clase de jurisdicción y de los órganos que la sirven en cada uno de los partidos judiciales afectados, y esperemos atienda a los Letrados, en trato igualitario, y digno como demanda nuestra posición en la Justicia, y así se lo exigimos al MJ. Veremos.

En relación a las actuaciones del Ministerio de Justicia para la regulación del régimen de sustituciones, los responsables ministeriales nos manifestaron que están empeñados en que el texto salga en los mismos términos con que fue aprobado la vez anterior pero que de nuevo el problema se sitúa en Hacienda habida cuenta la crisis económica que se avecina. Manifestamos que la necesidad de que el Decreto se vuelva a aprobar en los mismos términos no debe ser una aspiración sino una exigencia por la propia razón que determinó su anulación: la debida cumplimentación de un trámite, y sin que eso pueda aprovecharse para revisar otros extremos del texto en perjuicio del derecho alcanzado. No sólo eso, demandamos que ese máximo retributivo del 80% del complemento específico se transformase en un mínimo, o cuanto menos en un grado más de la escala, y consignándose la posibilidad de alcanzar el 100%, como de hecho ya demandan percibir otros cuerpos profesionales de nuestro entorno. Y ello bajo el concepto que siempre ha de presidir esta materia y es que el régimen de sustituciones profesionales genera siempre un ahorro a las arcas públicas.

Se trasladó al Ministerio que el Colegio no va a admitir la sempiterna excusa del “está en Hacienda”, cuyo acto propio del pasado ya la determina, y sin que la situación de crisis económica pueda entrar en juego, pues los poderes públicos están vinculados presupuestariamente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y esta prevé la dotación presupuestaria para sostener la retribución de todas y cada una de las plazas de Letrados de la Administración de Justicia de todos y cada uno de los juzgados y tribunales de España, por lo que si el régimen de sustituciones pretende abordar los descubiertos de esas plazas a partir de los propios letrados de justicia en activo, y su percepción salarial por ese segundo juzgado o tribunal es inferior al presupuesto y dotación prevista en la indicada ley, tal vez nos debamos preguntar dónde está el resto de ese dinero que obligadamente ha de ser aplicado a la finalidad legalmente establecida. En definitiva demandamos al Ministerio de Justicia responsabilidad con el Cuerpo de Letrados AJ, y trato debido.

Finalmente, y en relación a la formación de grupos de trabajo en materia de productividad, los responsables ministeriales manifestaron que su propósito es mejorar un sistema que en principio entienden bueno pues todo el mundo cobra, aunque sea algo. Desde el Colegio siempre hemos sido receptivos a la colaboración y a la contribución en cuantos grupos de trabajo se nos convoque pero no podemos desconocer una experiencia que nos acerca los grupos de trabajo a un entretenimiento sin vocación de resultado alguno.

Preguntamos al Ministerio si, tal y como nos anunciaron, y han repetido, vamos a disponer en junio del borrador de proyecto de ley de agilización procesal para preparar las correspondientes alegaciones, como se nos aseguró en anteriores encuentros. Se nos contestó que sigue, como todos los proyectos, el trámite correspondiente y que, como siempre, se nos dará el traslado en el momento que por trámite corresponda. O sea, que no lo tendremos en junio.

Y con ello, dio fin a la reunión que se desarrolló con no pocos problemas técnicos.

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