Un acta de la Junta de Jueces de MURCIA avisa de «fallos clamorosos» en el programa informático que intenta evitar que se repitan casos como el de Mari Luz.
(LA LEY 33500/2008) Diario de Noticias, 14 Nov. 2008, Editorial LA LEY
Murcia.- La Junta de Jueces de la Jurisdicción Penal de Murcia ha señalado que el programa informático «Minerva», presentado por el Ministerio de Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña Mari Luz, presenta «fallos clamorosos» que impiden conseguir su objetivo.
El acta de la Junta, a la que ha tenido acceso Efe, recoge una serie de deficiencias y errores del programa, y concluye «desmintiendo rotundamente» las informaciones facilitadas por el citado Ministerio y aparecidas recientemente en los medios de comunicación social.
Afirman los jueces que «Minerva» sólo se ha implantado en los Juzgados de la jurisdicción penal que tienen su sede en Murcia capital, «con lo que, por extraño que parezca, no sirve para consultar asuntos que se tramiten, no ya en otra comunidad autónoma, sino, por ejemplo, en Molina de Segura, distante apenas ocho kilómetros de Murcia».
Indican también que «este programa no es nuevo, porque se trata de una mera versión del que llevaba funcionando varios años en los Juzgados de Menores y Vigilancia, con graves deficiencias, y al que se han incorporado las ‘alarmas’, a las que tanta trascendencia se está intentando dar desde el Ministerio».
Para la Junta de Jueces, estas alarmas tienen «muy escasa utilidad», ya que «las únicas que funcionan automáticamente son las referidas a las de busca y captura, pero aparecen en lugar equivocado y no en el Juzgado que intenta localizar a la persona, que es donde verdaderamente tienen algún sentido».
Por otro lado, «cuando se activa una alarma por la localización de una persona que estaba en busca y captura, el programa no permite entrar a comprobar el estado real del asunto en otro Juzgado, obligando a confirmarla por llamada telefónica».
Asimismo -indica la Junta-, «el resto de alarmas, para controlar el transcurso de plazos o para advertir del retraso en una ejecutoria, han de realizarse manualmente, con lo que pierden su efectividad».
Censuran además que este sistema de alarmas no ha sido previsto para los Juzgados de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, y no se ha tenido en cuenta un periodo de formación más amplio ni un plazo de rodaje y de prueba.
Al referirse a lo que denominan «fallos clamorosos», la Junta dice que «hay referencias todavía a pesetas, a penas ya derogadas, a recursos de ‘reposición’ inexistentes», entre otros, «lo que obliga a la realización de consultas continuas a través de un servicio telefónico que funciona en Madrid».
El programa, según aseguran los jueces, no permite la conexión con la base de datos de Instituciones Penitenciarias, «con lo que es frecuente que se ordene a la Policía la busca y captura de un individuo que realmente lleva meses en prisión, o que se suspendan juicios, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, por ignorar que el acusado está en prisión a disposición de otro Juzgado».
A esta Junta de Jueces, presidida por el decano en funciones, José Moreno, asistieron los jueces de Instrucción y de lo Penal, los de Vigilancia Penitenciaria, de Menores y de Violencia contra la Mujer. Informó EFE.